Las campañas electorales, especialmente si las encuestas no te son favorables, aguantan casi todo –en 1986, diez años antes de su supresión, Suárez prometía en una campaña electoral dejar el servicio militar en tres meses-, pero Yolanda Díaz, candidata a la Presidencia del Gobierno de Sumar, tira por la calle de en medio. En su programa, plantea que, si gana las elecciones “reducirá drásticamente” las emisiones de CO2 e indica que, para hacerlo, prohibirá que en 2040 circulen por España coches de combustión interna.
Trece años de vida media
En España, según la ANFAC, la vida media de un coche es de casi catorce años, aunque la escalada de precios de los últimos años está alargando ese período y hace que la cantidad de coches de quince años o más que se vende en el mercado de ocasión también crezca. Si en 2019 la vida media de un coche era 12,6 años, ahora es 13,9 y las ventas de coches con 15 años o más han crecido un 7% en un año. Si tenemos en cuenta que el planteamiento inicial de la UE es prohibir la venta de coches con motor de combustión en 2035 –parece que habrá matices, porque se permitirá que se vendan coches con motor convencional que no generen emisiones contaminantes al usar combustibles sintéticos- ¿qué pretende Sumar? Con su propuesta, si consideramos que los coches duran en España catorce años, ningún coche de combustión vendido después de 2026 –once años antes de la limitación para su venta que plantea la UE- podrá cubrir su periodo de vida útil. En el programa de Díaz, eso sí, no se indica cómo se piensa compensar a los propietarios de estos vehículos por el prejuicio.
¿Habrá matices?
Los planteamientos de máximos en lo referido a la movilidad parecen, a tenor de lo que están haciendo ya las petroleras y los fabricantes de automóviles, estar revisándose e, incluso desde la UE, se da ya por hecho que al coche de combustión le quedan más años por delante de lo previsto. La Opep, esa misma semana, advertía ya sobre la cuestión y utilizaba un término que, a buen seguro, le suena mucho a la señora Díaz: equidad social. Con los coches eléctricos familiares por encima de los 30.000 euros –sólo se salva el MG4-, sin que nadie haya sido capaz de arreglar del todo el problema de la degradación de las baterías y, lo más grave, sin una red pública decente de puntos de recarga, todo indica que, del mismo modo que en Sumar han tenido que matizar sus planteamientos sobre la profesión periodística, van a tener que dar alguna explicación que otra sobre este particular referido a los coches. De todos modos, tanto da: hace menos de un mes, se aprobaba el borrador del PNIEC y, en ese documento, se indica literalmente que en 2030 circularán por nuestras carreteras 5,5 millones de coches eléctricos. Hoy, no hay ni 400.000 según el RACE.