Son la herramienta tecnológica fundamental de un ensayo que ya está en marcha y con lo que la Generalitat quiere reducir la población reclusa y, al mismo tiempo, conseguir una alternativa a la prisión provisional o reclusión de personas que están a la espera de juicio. El sistema permite tener localizado en todo momento el recluso e impide fugas a la vez que altera menos su cotidianidad y la de su familia. Las pulseres GPS, si todo funciona, descongestionarán las prisiones catalanas. Son herramientas idénticas a las que se utilizan para localizar maltratadores potenciales con órdenes de alejamiento o para casos de prisión domiciliaria.

 

Más de 1.600 reclusos

En Catalunya, un 20% del total de personas privadas de libertad se encuentra en situación de prisión provisional a la espera de juicio (1.663). El resultado de este Plano piloto permitirá comprobar si es eficaz y si los jueces lo incorporan como alternativa a la prisión preventiva. Si todo funciona, y en la línea de dar herramientas a los jueces para tener más elementos de valoración, la administración catalana quiere desarrollar un segundo piloto con un equipo técnico penal que asesorará los órganos judiciales ante la toma de decisiones respecto de las suspensiones ordinarias y extraordinarias de la pena de prisión. ¿Por qué razón se quiere reducir el volumen de presos preventivos? Porque, explican desde la Generalitat, "la evidencia empírica señala que la desinstitucionalización en el medio abierto genera tasas de reincidencia más bajas" El último estudio sobre la cuestión apunta que el 26% de las personas que acaban la condena en segundo grado reincide, delante de un 10% de los que lo hacen si evolucionan a medio abierto. Por otra parte, el 42% de la población penitenciaria se encuentra en situación de prisión provisional o cumpliendo penas inferiores a dos años, a menudo vinculadas a situaciones de pobreza y exclusión.

Impulso del régimen abierto

El porcentaje de internos clasificados en tercer grado o libertad condicional ha sufrido una bajada en los últimos tres años (del 31,5% al 25%). En este sentido, el Departamento trabaja en el objetivo de llegar en tres años al 30% de personas internas clasificadas en régimen abierto. Para conseguirlo, se trasladarán criterios ambiciosos de progresión de grado a los equipos de tratamiento de los centros penitenciarios, que son los que deciden sobre las clasificaciones. También se modificará el Protocolo para el ingreso y clasificación en los centros penitenciarios abiertos (CIMO) y se ampliarán los requisitos para que más personas puedan acceder a la clasificación en tercer grado en el momento de inicio del cumplimiento de la pena.