Desde el pasado 27 de febrero, el Ministerio de Justicia ha activado a través de su plataforma Acceda el Expediente Judicial Electrónico, que permite a ciudadanos, empresas y organizaciones consultar de manera telemática expedientes judiciales en los que estén involucrados. Se avanza así en la digitalización de los servicios judiciales, aunque la eficiencia de la medida dependerá, en gran medida, de la digitalización de los documentos, un proceso que no se desarrolla con la misma celeridad en todo el territorio. 

EJE
 

Acceso electrónico

Con la medida, explican desde el Ministerio, “se democratiza el acceso electrónico a la información judicial” al tiempo que se convierte la Justicia en un servicio; explica Javier Hernández, el subdirector general de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia; “más transparente, cercano y sostenible”.

No en toda España

La plataforma, de momento, está disponible sólo en algunos territorios. Así, actualmente, tienen acceso al Expediente Judicial Electrónico los ciudadanos y empresas de Extremadura, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, las comunidades y ciudades autónomas que no tienen transferidas competencias de Justicia. La Rioja y Asturias, con competencias propias, tienen también acceso al sistema. En Catalunya, con competencias transferidas, el servicio está disponible desde 2021 y se trabaja para su activación completa en Andalucía, donde sólo lo está parcialmente y otros territorios como Madrid. En el País Vasco, está disponible desde el otoño de 2022. Cantabria, Aragón y Navarra esperan completar la "plena digitalización" de la Justicia en 2025. El servicio permite consultar también procesos en curso en órganos estatales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional También es posible consultar procesos que se estén cursando en órganos centrales como el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

Ahorro en emisiones

Desde que se activó Acceda en diciembre de 2020, el Ministerio indica que se han descargado un total de 228.890 expedientes de forma electrónica y que este hecho ha tenido un impacto ambiental positivo. En concreto, según el Gobierno, se ha evitado emitir a la atmósfera 2.000 toneladas de dióxido de carbono y se han ahorrado 27 millones de euros en papel y desplazamientos. Con todo, el Expediente Judicial Electrónico sigue siendo en muchos territorios y partidos judiciales un mero propósito porque la impresciondible digitalización de todos los documentos no se ha llevado a cabo al completo. Así, y por ejemplo, en 2021 se registraron electrónicamente un total de 522.841 asuntos, lo que supone un 47% del total de escritos que dieropn lugar a procedimientos judiciales después de presentados por profesionales o ciudadanos.