Los avisos de las grandes empresas del sector –especialmente Repsol- parece que están haciendo que el Gobierno que preside Sánchez empiece a replantearse tasas como el impuesto que se creó para (en teoría temporalmente) gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas a consecuencia del alza de precios que se registró al hilo de la Guerra de Ucrania. La pervivencia de esa tasa pone en peligro inversiones milmillonarias.
¿Qué dice ahora el Ejecutivo?
Según Teresa Ribera, la ministra del ramo, no hace falta eliminar la tasa de momento, pero sí “determinar” si “siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que se intentaba identificar con esa figura. La fiscalidad habitual de puede corregir, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, sino de otra cosa. Estamos analizando las referencias fácticas, las necesidades y la mejor manera de resolver este asunto desde el punto de vista de reparto de beneficios y costes”, explica.
Además de identificar beneficios extraordinarios, hay que ser conscientes de que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre hacer esa transición, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”, ha dicho.
Trato especial para las inversiones
Lo que plantea ahora el Gobierno es valorar de modo distinto cada euro que se invierta en renovables y descarbonización, ya que se entiende que implican ahorros que beneficiarán a la “balanza comercial”. Sea como fuere, parece que las declaraciones de Brufau e Imaz han hecho que a alguien le empiecen a temblar las rodillas. Sólo en el caso de Repsol, peligraban proyectos en Tarragona, Cartagena y el País Vasco. Brufau fue claro: si determinadas tasas se mantienen, la compañía empezará a barajar otras ubicaciones para desarrollarlos.