VOX ha presentado esta mañana en la Audiencia Nacional una ampliación de su querella registrada el pasado 28 de agosto contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia, responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta por Puigdemont, entre otros, contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Esta ampliación de la querella va dirigida contra Gonzalo Boye, en su condición de abogado y firmante de la demanda contra Llarena formulada ante el tribunal belga, por haber cometido posibles delitos de falsedad documental y de estafa procesal y
La denuncia también se extiende a María Meritxell, Serret Aleu, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, porque consintieron la presentación de esta traducción jurada que según VOX no hubiera sido posible sin "el uso jurídicamente inadmisible de la falsificación de la traducción de las palabras de Pablo Llarena".
En la ampliación de la querella se explica que los querellados tenían conocimiento que la traducción jurada presentada como prueba documental para justificar su demanda ante el tribunal belga era manifiesta y falsa, al manipular las manifestaciones de Llarena para poner en duda su imparcialidad en la instrucción de la causa Especial seguimiento en el Tribunal Supremo con la clara intención de "provocar la nulidad del procedimiento judicial que investiga los hechos más graves ocurridos en democracia y por extensión perjudicar directamente el crédito y los intereses del Estado español ante autoridades y gobiernos extranjeros" dice textualmente VOX.
Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha afirmado, después de presentar la ampliación de la querella, que "Ni la condición de abogado ni la de procesado por rebelión puede justificar el amparo del derecho de defensa conductas encaminadas al descrédito de Tribunales españoles. Desde VOX no lo permitiremos en ninguno caso ".
VOX presentó el 28 de agosto en la Audiencia Nacional una querella contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta por Meritxell Serret, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La querella inicial de VOX atribuía al juez belga la comisión de presuntos delitos de rebelión, o alternativamente de sedición, contra la paz e independencia del Estado español, de delitos de usurpación de funciones y prevaricación.