Miguel Ángel Hurtado, que ha denunciado que fue víctima de abusos sexuales por parte de un monje de la abadía de Montserrat, ha asegurado este lunes que sólo han salido a la luz pública una minoría de casos como el suyo, que representan únicamente "la punta del iceberg". También ha recriminado a la abadía que "les importa más la reputación de la institución que proteger a los menores".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la cual ha detallado que fue víctima de abusos por parte de un monje de la abadía de Montserrat en 1998, delito que fue ocultado durante 20 años por los responsables del monasterio benedictino, que permitieron que el presunto abusador, el padre Andreu Soler, siguiera en contacto con menores.

Hurtado afirma desconocer si algún otro menor fue víctima de abusos, pero ha recordado que el padre Soler fue responsable del movimiento escoltista de la abadía durante 40 años y durante todo aquel tiempo estuvo en contacto con jóvenes. "Tuvo tiempo de hacer mucho daño", ha lamentado.

Por eso, ha ofrecido una cuenta de correo para que todas aquellas personas que hayan sido víctimas del sacerdote se pongan en contacto con él.

Que el abuso no prescriba

No obstante, ha advertido que las víctimas necesitan mucho tiempo para reconocer públicamente los abusos que han sufrido y, por eso, ha pedido que el plazo de prescripción de los delitos de pederastia empiece a contar cuando la víctima haya cumplido los 50 años.

Hurtado es también promotor de la campaña "elabusonoprescribe" con la cual está recogiendo firmas en la plataforma Change.org porque considera que el plazo de los 30 años que prevé la ley de protección a la infancia que prepara el gobierno central no es suficiente.

Ha argumentado que las víctimas tardan muchos años en reconocer públicamente los abusos que han sufrido y que muchos lo hacen cuando tienen 30 o 40 años, se han independizado y han creado una familia e incluso tienen hijos pequeños, con la misma edad que ellos tenían cuando fueron víctimas.

La ley que está pendiente de tramitación establece que los delitos de pederastia prescriban entre 5 y 15 años después de que las víctimas cumplan 30 años, según la gravedad del delito.

No obstante, estos casos pocas veces se consideran muy graves, ya que para eso tiene que haber existido violencia y ―ha explicado― la mayoría de estos abusos son cometidos por personas próximas a las víctimas, que no tienen que usar la violencia física.

Así, ha adelantado que acudirán al Congreso de los Diputados en febrero para presentar las firmas recogidas hasta el momento y que dan apoyo a esta propuesta avalada por organizaciones como Save the Children.

Estructura de poder que protege a los criminales

Ha anunciado, también, la creación de la Asociación Nacional Infancias Robadas (ANIR), que aglutina víctimas de pederastia, con la cual quieren unir sus voces para sacar a la luz pública todos los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia en España.

"A la luz pública sólo han salido una minoría de casos, sólo la punta del iceberg, pero no sabemos la dimensión del iceberg", ha advertido Hurtado, quien ha asegurado que no se trata sólo de cuatro "manzanas podridas", sino de "una estructura de poder que protege a los criminales".

Desde esta asociación quieren actuar como lobby ante el Estado y la Iglesia, para instar a estas instituciones a crear una "Comisión del verdad" y conocer la "extensión" de los delitos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia.

También acudirán en febrero en Roma, donde el Vaticano celebrará una reunión convocada por el papa Francisco con los presidentes de todas las Conferencias Episcopales para hablar de los casos de abusos.