La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido que la red de Rodalies está infrafinanciada. En una entrevista en Catalunya Radio, ha pedido disculpas a los usuarios por las incidencias de los últimos meses. Sin embargo, las ha atribuido a los "años de desinversión" del Partido Popular (PP). No solo eso, sino que ha aprovechado para alabar la gestión socialista de los últimos años y ha remarcado que en cuatro años no se puede revertir la falta de inversión de los populares.

Sin embargo, ha aprovechado para lanzar un mensaje de cara a las elecciones generales del próximo 23-J con relación a la poca inversión: "En Catalunya ya tenemos la experiencia de lo que hizo el Gobierno del PP". Ha contrapuesto la gestión popular con la socialista y ha vuelto a insistir en que el programa de inversiones previsto por el Gobierno "se está cumpliendo y ejecutando". Sin embargo, el pasado 1 de junio, el Parlament reprobó a la ministra justamente por el caos de Rodalies.

La cuestión del traspaso de competencias

"Hace dos años que soy ministra del gobierno de España y todavía no entiendo qué quiere decir traspaso integral de Rodalies", ha afirmado a la ministra. Sánchez apunta que la Generalitat "es titular del servicio desde hace más de 12 años". Ha vuelto a instar al Ejecutivo catalán a suscribir el contrato programa con Renfe y ha considerado que la desinversión a que ha atribuido las incidencias "no se arreglaría de la noche a la mañana por el hecho de cambiar de titular".

Además, con respecto a la incidencia de la R2 Sur del pasado mes de mayo, ha afirmado que el informe no está todavía acabado. En este sentido, Sánchez ha admitido que le "sorprende" que Consum pida explicaciones a la compañía operadora, pero no a la Generalitat. La Agencia Catalana del Consum abrió un expediente sancionador contra Renfe el pasado 10 de mayo por la gestión de la avería del R2 Sur.

En concreto, Consum imputa a Renfe una infracción por prácticas comerciales desleales y por incumplimiento de las obligaciones de atención a los consumidores. El organismo ha detectado falta de información a los usuarios afectados —deficiencias de información en relación con las alteraciones del servicio, los horarios y los transportes alternativos o los puntos de atención al cliente cerrados, entre otros. Se trata de infracciones tipificadas como "muy graves" que pueden comportar multas de entre 100.001 y 1 millón de euros. Desde que se interpuso este expediente, Sánchez mostró su desacuerdo, a mediados de mayo dijo: "No deja de ser curioso que Consum haga una inspección a Renfe cuando el titular del servicio es la misma Generalitat".