El conflicto latente entre los profesionales médicos y la Administración ha dado un paso más. Seis de las principales organizaciones sindicales del colectivo han anunciado una huelga nacional indefinida que comenzará el lunes 16 de febrero y que se desplegará de manera escalonada, una semana al mes, hasta junio. El objetivo es forzar un cambio de rumbo en la regulación laboral del sector y conseguir un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión médica y facultativa.
La convocatoria parte de un Comité de Huelga unitario integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, AMYTS, el Sindicato Médico de Euskadi y O’MEGA. El calendario de movilizaciones incluye paros del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, una primera fase que los sindicatos definen como punto de partida de un ciclo de protestas más amplio.
Objetivo: visualizar el malestar
Antes del inicio de la huelga, los profesionales están llamados a una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid. El objetivo es visualizar un malestar que hace tiempo que recorre hospitales y centros de atención primaria de todas las comunidades autónomas. El rechazo no se dirige solo a una propuesta concreta del Ministerio de Sanidad, sino a un marco regulador que, según denuncian, no refleja ni las condiciones de formación ni el nivel de responsabilidad ni la carga asistencial que asume el colectivo médico.
El núcleo de la protesta es el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos consideran que el texto vigente diluye la singularidad de la profesión médica dentro de un marco general que no tiene en cuenta jornadas, guardias, responsabilidades legales ni exigencias formativas específicas. Reclaman, por ello, un estatuto diferenciado que permita ordenar mejor la carrera profesional y frenar la pérdida de atractivo del sistema público.
Vía abierta al diálogo
A pesar del anuncio de la huelga, las organizaciones aseguran que mantienen abierta la vía del diálogo. Afirman que su “mano sigue tendida” para que el Ministerio de Sanidad reanude las conversaciones y permita avanzar hacia un acuerdo negociado. Pero también advierten que la responsabilidad no recae solo en el gobierno central. Las reivindicaciones interpelan igualmente a otros ministerios, a los grupos parlamentarios y, sobre todo, a las consejerías de salud, que gestionan el día a día del sistema.
El trasfondo del conflicto va más allá de la regulación laboral. En juego está la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, tensionado por la falta de profesionales, el envejecimiento de las plantillas y una demanda asistencial creciente. Los sindicatos alertan de que sin cambios estructurales, la fuga de médicos hacia otros países o hacia el sector privado continuará.
La huelga pone sobre la mesa una pregunta incómoda para la Administración: hasta qué punto el sistema puede aguantar sin revisar el papel y las condiciones de su principal pilar. Febrero marcará el inicio de una respuesta colectiva que, esta vez, quiere ser sostenida en el tiempo
