La realidad en España siempre supera la ficción: el día que el gobierno de Pedro Sánchez hace una desclasificación descafeinada de 153 unidades documentales del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, la familia de su máximo protagonista, Antonio Tejero Molina, el entonces teniente coronel de la Guardia Civil que entró, metralleta en mano, en el Congreso de los Diputados, ha anunciado su fallecimiento. Tejero fue el de ¡quieto todo el mundo!, ¡al suelo!, ¡se sienten, coño!, que le acabaría costando una condena de treinta años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado, de la que tan solo cumplió trece años. Un personaje ridículo, que en el argot actual definiríamos como friki. Para su mujer, Carmen Díaz, según los documentos desclasificados, su marido fue un tonto de remate y un desgraciado al que habían dejado tirado [el 23F] como una colilla.
Después de leer con enorme interés previo lo que el gobierno de Pedro Sánchez había procedido a desclasificar, sobre el intento de golpe de Estado del 23F a uno lo que le queda la sensación de que el presidente del ejecutivo español primero nos tuvo entretenidos con un anuncio y ahora nos ha tirado unas migajas para divertirnos sobre chascarrillos en los cuarteles, transcripción de gravaciones de nulo recorrido mediático, páginas y páginas con nombres tachados para que no sepamos, por ejemplo, que familia dio apoyo económico a los golpistas o el apoyo del Partido Comunista de Santiago Carrillo a la monarquía española y el blanqueamiento de Juan Carlos I. También, un manuscrito que viene a confirmar que líderes del PSOE aceptaban dar el poder a un general para sacar a Adolfo Suárez. De tantas veces que se ha hablado de la tenebrosa implicación del PSOE de González en aquel movimiento golpista, el papel es solo una confirmación más.
Una maniobra de distracción muy típica de la Moncloa, con la que se intenta tapar que el gobierno sigue perdiendo votaciones en el Parlamento
Ha habido, está fuera de toda duda, un proceso selectivo de selección de documentos, que son, en algún momento, entretenidos de leer, sobre todo para los que vivimos aquellas semanas golpistas, pero dentro de unos días nadie hablará de ello, porque las revelaciones importantes no se han aportado. Los historiadores oficiales ya tienen, si ese era el objetivo, la ratificación de las versiones light que siempre se han tratado de consolidar como la única realidad del 23F. Incluso, se le debería al rey emérito un cierto perdón, un retorno a España sin contratiempo alguno, ya que algunos de los golpistas veían en él todo un problema aquella jornada. Cuesta de entender el papel de estraza del presidente del gobierno, que es capaz de baldar la monarquía un día y ser un peón del Estado al día siguiente. En fin, vivir para ver.
Resumiendo, una maniobra de distracción muy típica de la Moncloa, con la que se intenta tapar que el gobierno sigue perdiendo votaciones en el Parlamento. Este jueves habrá otra de importante, ya que Junts per Catalunya rechazará la aprobación de un decreto ómnibus que incluye medidas antidesahucios y pone de esta manera en riesgo la aprobación del escudo social. Alguna ventaja debe ver Sánchez en insistir en perder votaciones, cuando podría ganarlas dejando fuera las medidas antidesahucios. Pero Pedro Sánchez tiene siempre su propio relato, que solo está en su agenda mediática y que pocas veces pasa por el Congreso de los Diputados. Siempre es más fácil hablar de Franco o del 23F que aprobar unos presupuestos. Por eso, el gobierno no ha desclasificado los documentos del golpe de Estado de 1981, sino unos documentos relacionados con el 23F. Que siempre es algo más manejable.