La tensión derivada de la huelga indefinida del profesorado público no universitario valenciano llega ahora a las pruebas de acceso a la universidad (PAU). La Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, integrada por más de 250 especialistas, ha advertido que estudia no presentarse a la constitución de los tribunales examinadores, prevista para el 2 de junio, renunciar en bloque o incluso adoptar “otras acciones más contundentes en cuanto a las calificaciones”. El colectivo atribuye esta decisión al “estancamiento de las negociaciones” con la Conselleria de Educación en el marco del conflicto laboral. En un comunicado difundido este martes, la asamblea denuncia la falta de flexibilidad de la Administración y reclama medidas vinculadas especialmente al Bachillerato.
Entre sus reivindicaciones, el profesorado señala “ratios desorbitadas”, la supresión de grupos de Artístico, aulas no condicionadas, “menosprecio al valenciano y al currículum”, tutorías no remuneradas y la sobrecarga burocrática que, aseguran, mantiene un “profesorado quemado”. También critican “el silencio y la escasa solidaridad” de las cinco universidades públicas valencianas —UJI, UPV, UA, UV y UMH— y les piden “un verdadero apoyo institucional al profesorado corrector” y “un sincero apoyo al alumnado presente y futuro”.
A pesar del aviso del colectivo, la Generalitat Valenciana ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al alumnado. La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez-Martín, ha asegurado que la PAU "se celebrará en condiciones de normalidad" porque existe suficiente profesorado de reserva para cubrir posibles ausencias. Según la Generalitat, los más de 250 docentes que valoran no incorporarse representarían cerca de un 16% de los más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales de la PAU. La administración defiende que hay numerosos suplentes disponibles, tanto del ámbito universitario como de 2.º de Bachillerato.
La asamblea insiste, sin embargo, en que sus medidas no buscan perjudicar al alumnado ni a las familias. "En ningún caso queremos perjudicar ni el futuro de nuestro alumnado ni a las familias, pero, dadas las circunstancias y la tibia respuesta de las universidades, nos vemos obligadas y obligados a tomar estas medidas no políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad", concluye el comunicado.