El Departament de Salut ha abierto una investigación para saber si el CAP de Ripoll ha dejado de atender urgencias de al menos 5 familias recién llegadas al municipio, incumpliendo la ley de sanidad universal, según ha publicado El Periódico. En unas denuncias hechas al citado diario, las familias relataban cómo, a pesar de la fiebre, los mareos o el dolor persistente, no podían ser visitados gratuitamente en el CAP, así como en el hospital comarcal. Salut ha abierto una investigación a la ciudad presidida por la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, y ha insistido a los centros del Ripollès, especialmente a los de Ripoll, en que la atención urgente "se tiene que garantizar a todo el mundo". Para la atención no urgente, además, existe un convenio con la Cruz Roja, en virtud del cual, si la entidad determina que una persona es vulnerable, Salut le expide tarjeta sanitaria.
Trabas a los inmigrantes de Ripoll
El diario atribuye la negativa de los centros sanitarios de Ripoll a atender a estas familias a las presuntas trabas que ha impuesto el gobierno municipal para empadronar a inmigrantes al municipio, que además supone un incumplimiento de la ley 9/2017, así como de varios decretos y convenios del Govern, que también lo garantizan. Salut se ha puesto en contacto con todos los centros sanitarios públicos del Ripollès para recordarles los protocolos y la normativa pidiendo que refuercen la comunicación con los ciudadanos. Según apuntan, la respuesta que reciben los pacientes es que el CAP de Ripoll se niega a garantizar la atención sanitaria universal. Según relatan fuentes de la Cruz Roja en Ripoll, actualmente solo tienen tres peticiones sobre la mesa. Una, de una familia que se presentó en la sede de la entidad después de las informaciones aparecidas a los medios. Las otras dos llegaron a través de una petición de Serveis Socials del Ripollès.
El pasado viernes, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carles Prieto, pidió explicaciones a Orriols sobre la gestión del empadronamiento en el municipio. El Gobierno ha dado 20 días hábiles al consistorio para que presente un informe sobre cómo se está ejerciendo esta competencia y cómo se está cumpliendo la normativa estatal vigente. También ha solicitado datos sobre cómo se están tramitando estos expedientes, qué requisitos se exigen y cuál es el plazo de resolución de las peticiones.
Manifestación en Ripoll
Unas 200 personas se concentraron el pasado sábado ante el Ajuntament de Ripoll para defender el derecho al empadronamiento y para denunciar que el equipo de gobierno encabezado por Sílvia Orriols pone "trabas" a las solicitudes. Tras pancartas donde se podía leer 'No al racismo' o 'No a la islamofobia', los manifestantes han clamado que "ninguna persona es ilegal". El manifiesto que han leído durante el acto remarca que el empadronamiento "es un derecho que no se puede poner en duda ni restringir" porque es lo que permite "acceder a los servicios básicos para vivir, convivir y disfrutar de bienestar". El presidente de la comunidad musulmana Annour afirmó que en Ripoll hay familias que no tienen acceso a educación o sanidad a pesar de cumplir con los requisitos.
"Sinceramente, nos es igual que este gobierno se aferre al legalismo de los tres meses para resolver solicitudes de empadronamiento", recoge el manifiesto que acusa a la alcaldesa de imponer "directrices autoritarias" para "perjudicar" a personas que han tenido que emigrar de sus países: "También sabemos, y no nos sorprende, que a los fanáticos de Aliança Catalana les dé igual que mujeres, hombres y niños se encuentren en una situación de vulnerabilidad por haber huido de la guerra, la precariedad o la violencia".