La lengua une. Lo materializan los mensajes de complicidad esta mañana en las redes entre los tres gobiernos catalanes, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i Govern de las Islas. En una cadena de tuits cruzados, se han deseado 'buen día' como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo del domingo pasado que obliga a las instituciones a comunicarse en castellano.

De apariencia espontánea -quizás no- la cuenta oficial de Twitter del departamento valenciano ha publicado el primer mensaje a las 9 de la mañana diciendo 'buenos días', en el cual las instituciones catalanas y baleares han contestado con otro 'buen día'. La cadena se ha ido haciendo larga, incluyendo respuestas ya no sólo de departamentos y conselleries, sino también de líderes y representantes de varios partidos. Los mensajes se han multiplicado en tres horas, e instituciones, asociaciones, universidades y entidades lingüísticas y en defensa de la lengua se han sumado al gesto.

 

La resolución del Tribunal Supremo español rechazaba que la administración del País Valencià siga utilizando la lengua valenciana como prioritaria. Además, también obliga a que las comunicaciones institucionales entre el País Valencià, Catalunya y las Islas Baleares se hagan en castellano, prohibiendo de esta manera el catalán.

Concretamente, con fecha de 2 de junio, el auto estima que "no es procedente" y declaraba la nulidad de parte del Decreto 61/2017 de la Generalitat Valenciana que regula el uso del catalán y del valenciano en la administración pública autonómica.

El Grupo Popular valenciano había interpuesto recurso alegando que la Generalitat priorizaba al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de estos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.