La Sección 7.ª de la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del primer detenido en los cortes de la Avenida Meridiana.

El militante de Arran que fue detenido el 19 de octubre de 2019. La sentencia confirma así la pena impuesta por la titular del Juzgado de lo Penal 16 de Barcelona, Sonia Monserrate Gutiérrez Muñoz, de un año y medio de prisión por|para un delito de atentado contra la autoridad y una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones, así como la indemnización al agente de los mossos en 1.350 euros.

De esta manera, el ponente de la sentencia, Enrique Rovira del Canto, da por buena la sentencia que se basaba en la versión de los dos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que declararon en el juicio, uno de los cuales recibirá la indemnización que ordena la condena.

Según los abogados, la sentencia ignora la versión tanto de Marcel como de un testigo presente en el lugar de los hechos propuesto por la defensa. La Sección 7 ha rechazado la aclaración de la sentencia solicitada por la defensa, ya que esta no daba respuesta a una de las alegaciones planteadas tanto en el juicio como en el recurso de apelación. Los abogados consideran que se ha aplicado indebidamente el delito de atentado contra la autoridad.

 

 

 

La alegación presentada por los abogados de Marcel está basada en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que en un caso casi idéntico había considerado los hechos una falta de respeto a los agentes sancionable con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y no con el Código Penal. El referente del TS valora también imponer un tipo penal inferior al atentado como es el de resistencia. Aunque ni la sentencia del Juzgado de lo Penal 16 ni la del recurso de apelación hacían mención de esta cuestión y de las alegaciones de la defensa, el tribunal ha rechazado aclarar la sentencia y dar respuesta al hecho de no aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como en otros casos la Generalitat de Catalunya ejercía de acusación particular para defender los mossos implicados en los hechos. Además de la pena de prisión, la Generalitat ha pedido también una indemnización de casi 5.000 euros por una capsulitis de 10 días. Además se opuso al recurso de apelación de la defensa y pidió la confirmación de la sentencia condenatoria.

Caja de solidaridad

El Grupo de Apoyo a Marcel y Alerta Solidaria han reiterado su apoyo a Marcel y "a todas las personas represaliadas para defender los derechos sociales y nacionales de nuestro pueblo", dicen en un comunicado, y hacen un llamamiento para "seguir con la movilización y organización populares frente a la represión del Estado y del Gobierno autonómico".

Además, han abierto una caja de solidaridad, vía una cuenta corriente, para poder asumir los gastos del proceso judicial.