Nuevo zarpazo para Ada Colau. Si a finales del mes de abril era la Audiencia Provincial de Barcelona quien ordenaba la reapertura de la causa contra la alcaldesa y varios de sus concejales por un presunto delito de coacciones y prevaricación en sus actuaciones contra Vaura Investments, a quien impuso multas por “no acceder a las pretensiones del Consistorio” y amenazó con “no conceder licencias de obra si no se plegaban a sus pretensiones”; ahora es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 quien cuestiona las actuaciones de Colau y sus concejales por ‘orquestar un procedimiento de contratación pública para convertir en funcionarios a distintos miembros del Consistorio municipal’, según señalan desde la Asociación de Juristas Catalanes Llibertats.

Llibertats, que el pasado mes de mayo interpuso un recurso contra los procedimientos de selección de personal que estaba impulsando el Ayuntamiento de Barcelona, denuncia que las Administraciones que dirige Ada Colau –Ayuntamiento y Área Metropolitana de Barcelona (AMB)– han convocado al menos tres procesos selectivos en los que, entre los miembros de la Comisión de Selección o entre los candidatos dispuestos a concurrir se encontraban distintos miembros del partido de la alcaldesa y del entorno de los comunes.

Cargos de confianza

Así, en las oposiciones convocadas el pasado mes de marzo se dio a conocer que hasta 17 cargos de confianza de los comunes se presentaban a las mismas para optar a una plaza fija dentro del Ayuntamiento; y que la Comisión de Selección, responsable última de la elección de los candidatos, presentaba evidentes dudas de parcialidad e independencia, ya que algunos de sus miembros dependían jerárquicamente de los candidatos o habían influido de manera directa en sus nombramientos.

Tan es así que la denuncia ciudadana, mediática, política (Junts anunció que llevaría el expediente a la Comisión de Ética del Ayuntamiento) y de los propios sindicatos (UGT denunció “la celeridad con la que se había montado un proceso que no tenía ni temario”) en torno a la legalidad del proceso supuso la renuncia de hasta 7 miembros del entorno de gobierno de Colau. Entre otras, la del regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, que señaló que, pese a las dudas de compatibilidad que su candidatura planteaba con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), “seguiría haciendo política”.

Nuevos procedimientos

No obstante, la renuncia de Badia no impidió que Colau articulase otros dos nuevos procedimientos, en esta ocasión a través del AMB, para “seleccionar” al personal que debía pasar a ser funcionario. Lo hizo a través del Área de Ecología que dirige el propio Badia en el Área Metropolitana con dos nuevos procesos de acceso a la bolsa de empleo público, una para técnicos superiores y otra para técnicos medios, que se convocaron el pasado mes de mayo.

Ambas parecen ya cooptadas por el entorno de los comunes, como demuestra la aspiración de Miriam Planas, portavoz de Aigüa es Vida, miembro de la Asociación de Ingeniería Sin Fronteras (ESF) e íntima amiga de Badia, con quien coincidió en ESF antes de que el regidor diera el salto al Consistorio y comenzase a dirigir el Área que ahora convoca el proceso al que opta la activista, y que, tras dos rechazos, se ha visto sorpresivamente aceptada como candidata.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha considerado que efectivamente estos procesos podrían suponer una grave vulneración del principio de igualdad en el acceso a la función pública por cuanto se lesionan los derechos y oportunidades de otros aspirantes concurrentes, así como una vulneración del régimen de incompatibilidades de los miembros de las corporaciones locales, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y del propio Código Ético y de Conducta del Ayuntamiento de Barcelona, por lo que ha decidido fijar fecha de juicio en abril de 2025.

Antes, no obstante, habrán de resolverse las medidas cautelares que ha solicitado Llibertats, que pretende con las mismas paralizar las puertas giratorias con las que Colau aspira a colocar en el Ayuntamiento y en el Área Metropolitana a distintos miembros de su partido y de sus asociaciones afines.

La alcaldesa, que no hace tanto afirmaba que “en corrupción y en puertas giratorias tenemos experiencia cero”, ve así abierto un nuevo procedimiento que cuestiona la legalidad de sus actuaciones y su legitimación para optar a un nuevo mandato, al que recordemos, anunció que se presentaría pese al escaso apoyo que obtuvo de la militancia de los Comunes y de vulnerar lo dispuesto en su propio Código Ético.