Los colegios de procuradores de Barcelona y de Madrid han presentado el Plan Estratégico de la Procura. Hoja de Ruta 2022-2025, este jueves en Barcelona. El informe, elaborado conjuntamente por las dos entidades, recoge una serie de medidas "para contribuir a descongestionar" la Administración de Justicia y, por tanto, -indican- “a mejorar la calidad del servicio al ciudadano y a las empresas. Con este informe se persigue que “el procurador intensifique su rol como colaborador y cooperador activo con los tribunales”, y que la asimilación de nuevas funciones sirva para dinamizar el sector.

Precisamente, actualmente la Administración de Justicia está inmersa en un ciclo de protestas de sus funcionarios para reclamar mejoras salariales y laborales, e incluso las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado una huelga el próximo 16 de mayo, si antes no llegan a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, que encabeza Pilar Llop. Los funcionarios de Justícia también siguen sus protestes, después de la parada de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

La valoración de los decanos

En un comunicado, el decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Ángel Quemada Cuatrecasas, ha afirmado: “Los Colegios de Procuradores de Barcelona y Madrid hemos realizado un profundo análisis de reflexión de la función del procurador en la actualidad y hemos concluido que es fundamental que el procurador intensifique su rol como colaborador activo para contribuir a la agilización y eficiencia de la Justicia.” Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto N. García Barrenechea, ha subrayado que “el contexto actual de novedad legislativa propicia la introducción de nuevas funciones del procurador en la administración de justicia para mejorar la calidad del servicio al ciudadano y a las empresas”.

Procedimientos de 8,8 meses

Según datos de los colegios de procuradores, en 2021 se produjo “un incremento notable” en la duración de los procesos judiciales en España, llegando a alcanzar una media de 8,8 meses, probablemente impactado por la pandemia COVID-19. Añaden que en 2021 “únicamente se finalizaron un 36% de las ejecuciones”, lo que confirma -precisan- la tendencia que cuanto más incrementa el número de procedimientos pendientes de ejecución, disminuye el porcentaje de procedimientos finalizados.

Los dos colegios aseguran que el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en trámite, “hace posible la introducción de nuevas funciones del procurador en la Administración de Justicia”. Y en este proceso de transición “se debe considerar como una oportunidad la opción de ampliar y reorientar el catálogo de servicios y funciones complementarias del procurador”.

El informe concluye que el mejor escenario para que el procurador contribuya en la agilización de la Justicia pasa por: Incorporar nuevas funciones a las actuales, aprovechando la tendencia hacia la consecución de la eficiencia, por ejemplo, la colaboración con el tribunal en la realización de las actuaciones materiales de ejecución, o mayor intervención en el proceso monitorio; auxiliar al tribunal en el ejercicio de sus funciones, sin asunción de potestas y bajo su dirección, supervisión y control; fomentar e incrementar la relación con el cliente final; fomentar una mayor intervención en las universidades para generar una ampliación del conocimiento de la profesión; poder acceder al Punto Neutro Judicial, seguir mejorando la justicia gratuita, entre otros.