La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este viernes prisión provisional para el youtuber Álvaro Martín, conocido como Valyrio, por su supuesta implicación en el robo y venta de datos de organismos públicos y privados, una trama supuestamente coordinada por el ex número dos de Interior con el PP, Francisco Martínez. Martínez estuvo una semana en prisión provisional por este caso, hasta eliminarse el peligro de destrucción de pruebas, según la magistrada. Según ha adelantado Europa Press, la titular del juzgado central de Instrucción 3 ha adoptado esta decisión después de tomar declaración a Martín, que fue detenido en mayo en Andorra y la policía del Principado lo entregó a la policía española este jueves para ser traído ante la instructora. La magistrada sostiene que hay riesgo de huida y de destrucción de pruebas, y por eso y ha acordado su prisión provisional sin fianza de Martín, según fuentes judiciales.
En esta causa, la Audiencia Nacional investiga la extracción de datos, el comercio con los mismos y el posterior blanqueo de los beneficios. La instructora considera que el que fue secretario de Estado de Seguridad con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es el "coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal" por la cual también se investiga al hacker José Luis Huertas, conocido por Alcasec, que desde finales de mayo pasado está en prisión.
Recursos ilícitos del entramado
La defensa de Martínez ha asegurado que solo quería ayudar jurídicamente a Alcasec en su defensa. Sin embargo, la jueza sostiene que "las búsquedas realizadas por Martínez mediante su acceso directo al 'bot' automatizado desarrollado por la organización" estaban "orientadas a satisfacer sus propias necesidades de información", lo que le sitúa "como beneficiario y usuario consciente de los recursos ilícitos del entramado".
La instructora sospecha que uno de los elementos clave del entramado "es su capacidad para almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos obtenidos ilícitamente, empleando plataformas tecnológicas especializadas en el análisis masivo de información". Una información -detalló-, que fue "sustraída mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas y planificadas contra sistemas de organismos públicos y privados, ejecutadas de forma sostenida durante años".
Por todo ello, la jueza investiga a los acusados por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, intrusismo en un sistema informático, así como apoderamiento y cesión de datos reservados.