La jueza de la Audiencia Nacional Maria Tardon ha acordado la libertad del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que estaba en la prisión desde el 29 de mayo pasado, en el marco del renombre "Operación Borrasca", por la cual también resultó detenido el hacker José Luis Huertas, conocido como 'Alcasec', junto con otra persona, Adrián M., y un cuarto detenido, el 'youtuber' Álvaro Martín. La magistrada ha adoptado esta decisión una vez que el fiscal ha solicitado este mismo jueves su libertad, después de que la Comisaría General de Información de la Policía haya determinado que "no hay riesgo de destrucción de pruebas". Precisamente, fue este riesgo de destrucción o alteración de pruebas el que motivó su ingreso en la prisión, según ha señalado la instructora. Además de ser el ex secretario de Estado de Interior del gobierno de Mariano Rajoy (PP), también se le conoce por ser uno de los cerebros de la operación Catalunya.
Rol principal de una trama de ciberataques
Maria Tardon envió a la prisión al ex número dos de Jorge Fernández Díaz por su rol principal al frente de una organización "de un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa" que se dedicaba a "almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos obtenidos ilícitamente", según la Audiencia Nacional. Ingresó el pasado 29 de mayo por su supuesta vinculación a una trama de ciberataques en administraciones públicas y empresas estratégicas, con la cual podrían haber obtenido los datos de miles de ciudadanos y venderlas. La Audiencia Nacional señala que la trama utilizó "plataformas tecnológicas especializadas en el análisis masivo de información sustraída mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas y planificadas contra sistemas de organismos públicos y privados, ejecutadas de manera sostenida durante años."
En su declaración ante la magistrada, Martínez aseguró que no se ha enriquecido con los datos con que presuntamente comercializaba al hacker, y que solo intentó ayudarlo, primero como abogado y después como referente, al entrar en entornos profesionales y crear dos sociedades, de las cuales ha asegurado que desconocía la evolución. Francisco Martínez recurrió su ingreso en la prisión provisional cuestionando el relato "pomposo" y "artificial" de la jueza y asegurando que solo intentó reconducir "del cibercrimen a la ciberseguridad".
Según la policía, toda la operativa "estaba alojada en servidores distribuidos a la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Los investigadores señalan que la estructura operaba como una auténtica red de inteligencia privada con funciones claramente diferenciadas y uno de los miembros de la red tenía un papel clave en su internacionalización, ya que ampliaba sus operaciones en países terceros mediante contactos profesionales. De hecho, se presentaban como un entorno "legítimo de asesoramiento tecnológico", ofreciendo servicios de consultoría que les servían para facilitar su inserción en entornos económicos e institucionales.