¡Doce años después! Un caso de supuesta corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona destapado en el 2009 llega a juicio hoy. Y además, con rebajas sustanciales de las penas. La Audiencia de Barcelona ha empezado a juzgar hoy a 23 personas, ocho de ellas funcionarios municipales, acusados de corrupción, centrado en sobornos a cambio de la concesión de licencias urbanísticas de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella. La fiscalía Anticorrupción que pedía elevadas penas de prisión para ocho funcionarios municipales, además de los propietarios, acusados de los delitos de soborno, prevaricación y falsedad documental, ha acordado con 15 de los acusados una rebaja sustancial del castigo, suscrita por las acusaciones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. También ha retirado la acusación a tres técnicas.
En concreto, la fiscal Teresa Duerto ha ofrecido una rebaja considerable del castigo a los dos principales acusados: al exjefe de los servicios técnicos de Ciutat Vella, Heliodoro Lozano, se le ha ofrecido pasar de una pena inicial de 11 años y seis meses de prisión, en 2 años y 6 meses de prisión, y la inhabilitación laboral no le afecta porque ya está jubilado, después de dejar su trabajo en el distrito Nou Barris, donde fue trasladado. Lo ha aceptado. Y al ingeniero Joaquim Quílez, que era quien habría contactado con los titulares de negocios para agilizar los trámites a cambio de dinero: de 20 años y medio de prisión, a 4 años y 3 meses de prisión. Además, Quílez también ha aceptado indemnizar con 22.000 euros a la exconcejala de Ciutat Vella y arquitecta Itziar González, que vivió un calvario de presiones; i también a otras dos técnicas, con 50.000 euros y 10.000 euros. Quílez lo ha acceptado todo. La responsable de los servicios jurídicos del distrito, Elena Ariza, que siempre ha defendido su inocencia, se le pide 11 años y medio de prisión, y no ha llegado a un acuerdo, como tampoco tres juristas interinos y un propietario de pisos. Así, el juicio continuará solamente para cinco de los 23 acusados.
El tribunal de la sección décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por la magistrada Montserrat Comas, se ha trasladado hoy al auditorio de la Ciutat de la Justícia para poder celebrar el juicio ante el elevado número de acusados. La vista ha empezado una hora tarde por problemas técnicos. Al inicio, la fiscal Teresa Duerto ha explicado las rebajas pactadas, que se enmarcan en la retirada del delito de prevaricación urbanística al asegurar ahora, que las modificaciones realizadas no implicaron un incumplimiento del reglamento urbanístico. También defiende la rebaja por las dilaciones indebidas del procedimiento. En el caso de Quílez, Duerto lo obliga a devolver 70.300 euros con Ariza, que habrían cobrado a los propietarios. Quílez, que ya tiene una condena anterior por un caso de corrupción en el Eixample, se podría escapar de entrar en la prisión por este nuevo caso si solicita la aplicación separada de los delitos, como permite la ley.
Con relación al resto de acusados que han llegado a un acuerdo son propietarios de pisos, que han aceptado penas inferiores a dos años de prisión i en otros casos de multa. El penalista Miguel Capuz, defensor de Ariza, ha insistido en que se vulneró el derecho de defensa de la jefa municipal y que la investigación fue prospectiva y se incluyeron hechos por los cuales ella no fue investigada. Lydia Lajara, abogada de los otros tres técnicos municipales que no han llegado a un acuerdo, ha denunciado que se han añadido de forma "sorpresiva" hechos que se les acusan.
Hechos
En diciembre de 2019 el juzgado de instrucción número 33 cerró la instrucción de este caso de corrupción, que supuestamente consistía en tramitar de manera fraudulenta varias licencias urbanísticas de pisos turísticos a cambio de dinero, entre el 2005 y en el 2008. Los otros procesados son propietarios de viviendas que habrían aceptado pagar para obtener las licencias sin cumplir los requisitos legales, a través del ingeniero Quílez, que a veces se presentaba como trabajaba por el consistorio. Y, inicialmente, a otros cinco funcionarios se les pedía cinco años de prisión por prevaricación, y a una sexta técnica, un año y medio. Los titulares de los pisos se enfrentaban a 5 años de prisión. Los expedientes bajo sospecha se concentraban en trece calles del distrito (como las calles Correu Vell, a Sant Pere Mitjà i Argenteria), y desde el consistorio, al final, se indicó que la mayoría de negligencias detectadas eran administrativas no penales, delante del alud de peticiones recibidas.
Denuncia
La falta de una normativa clara en el control de los pisos turísticos, tanto municipal como autonómica, hizo muy pesada la investigación. El año 2017, el Ayuntamiento de Barcelona —que es acusación particular— contradijo la fiscal al sostener que gran parte de los expedientes tramitados tienen "irregularidades en el ámbito administrativo, y no tanto en el marco penal". En concreto, envió un informe a la magistrada que dirigía la investigación para intentar exculpar a seis técnicos del distrito de Ciutat Vella, que fueron investigados. El año 2015, la fiscal Teresa Duerto, en su escrito, expone que aunque estos técnicos no cobraban dinero, sí que permitieron errores graves en los expedientes. Los seis técnicos formaron un equipo para tramitar el alud de peticiones para pasar pisos a uso turístico que recibió el distrito, donde siguen trabajando. Ahora, la fiscal parece más comprensiva con los funcionarios, o cree que su acusación carece de pruebas, como sostienen las defensas de los funcionarios. Por el contrario, el ingeniero Joaquín Quilez, contratado por una decena de empresarios implicados, sí que admitió a la jueza instructora haber cobrado y pagado dinero al exfuncionario Heliodoro Lozano para aprobar los expedientes.
Alud de expedientes
La auditoría elaborada por la Dirección de Control de Gestión de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona exponía que ante "la entrada masiva de expedientes al fin de 2006", en el distrito de Ciutat Vella "no había un procedimiento ni una aplicación informática específicos" para dar licencias de vivienda a un uso turístico; además de una "carencia de mecanismos de control y supervisión entre los mandos y los técnicos mismos que tenían que tramitar estas licencias que provocó una descoordinación de los técnicos del distrito".
Por culpa de esta situación, indicaba la auditoría, los expedientes tramitados "incorporaron irregularidades documentales"; y concluía que "buena parte de las irregularidades detectadas en los expedientes que están en las diligencias son irregularidades dentro del ámbito administrativo, y no tanto en el marco penal como se encuentran estas conductas y que no tendrían encaje". La magistrada, sin embargo, envió a las 23 personas investigadas a juicio, que llega una década tarde, con la desazón de las personas encausadas y la mitad con acuerdo a última hora.