Las numerosas recomendaciones y restricciones de países como Alemania, Bélgica o Reino Unido a sus viajeros han obligado al sector de los pisos turísticos de Barcelona a reinventarse para poder salir adelante. De hecho, hasta el 62% de los pisos turísticos de la capital —lo que supone más de 5.900 viviendas— se han reconvertido en viviendas destinadas al alquiler de residencial tradicional a raíz de la pandemia, según los datos publicados este miércoles por la Asociación de Apartamento Turísticos de Barcelona (Apartur).

Estas cifras contrastan, sin embargo, con las que se registraron en el mes de mayo, cuando el porcentaje de apartamentos que había salido del circuito turístico era del 21,4%, la cual cosa supuso unas 3.900 viviendas menos en la oferta barcelonesa. 

"El sector necesitará un año para recuperarse"

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha indicado al respecto que "el sector necesitará casi un año para recuperar la normalidad". Una vez estabilizada la situación, pero, el directivo cree que la demanda de apartamentos turísticos se incrementará, "ya que garantizan el distanciamiento social mejor que cualquier otra modalidad de alojamiento".

Con el cambio a pisos residenciales, los propietarios se aseguran los ingresos, aunque sean algo más bajos de lo que les reportaría el turismo. Y esto hace que muchas personas que se vieron obligadas a mudarse a las afueras por el boom de los pisos turísticos vuelvan de nuevo al centro de la ciudad, donde encontrar piso en estas semanas esta siendo más fácil.

Barcelona elimina también los hogares compartidos con turistas

El pasado martes 25 de agosto, el Ayuntamiento de Barcelona, se opuso a la regulación por parte del Govern de los hogares compartidos con turistas. La capital catalana teme que la actividad genere un efecto especulativo y pidió que se incorporaran herramientas para permitir a los municipios un control real de la oferta. Por ello, suspendió las licencias de este tipo durante un año prorrogable.

Para la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, faltaron tanto un análisis a fondo del sector y sus consecuencias en el mercado de la vivienda, como una regulación vía ley que permita la tarea inspectora a los municipios.

 

Imagen principal: Un local de alquiler el 18 de agosto de 2020. Foto: Efe. 

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