Las asociaciones Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Docentes Libres han vuelto a reclamar a la Generalitat de Catalunya que cumpla las sentencias que obligan a garantizar la vehicularidad del castellano en las aulas, al mismo nivel que el catalán. Las entidades acusan al Departamento de Educación de aplicar una “política lingüística coercitiva” y de haber creado un “clima de miedo” entre parte del profesorado que utiliza el castellano en su día a día. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones aseguran que la presión institucional sobre maestros y profesores que hablan castellano “se ha triplicado” en los últimos años, coincidiendo con el despliegue del Pacte Nacional per la Llengua impulsado por el Govern. Afirman que han recibido “numerosos testimonios y correos de docentes que relatan con angustia la presión, el acoso y la persecución” que sufren por usar la lengua oficial del Estado.
“Miedo y presiones a los profesores que utilizan el castellano”
Según la presidenta de la AEB, Ana Losada, en declaraciones recogidas por el diario ABC, asegura que “hay profesores advertidos por escrito, vigilados por sus propios equipos directivos o por la inspección, sometidos a presión psicológica y aislamiento profesional por el simple hecho de hablar en castellano”. Las asociaciones aseguran que algunos equipos directivos e inspectores “actúan como comisarios políticos del Departamento”, elaborando informes y sancionando “de facto” a los docentes que no siguen lo que califican de “dogma del monolingüismo”. Las entidades denuncian, además, la existencia de mecanismos de control lingüístico, como las llamadas Unidades de Lengua y Aprendizaje Escolar (ULAE), que —según afirman— “fiscalizan y denuncian el uso del castellano no solo en el aula, sino también en las relaciones personales entre profesores y alumnos”. Reclaman la disolución de estas estructuras y de “cualquier mecanismo de vigilancia o denuncia dentro de los centros educativos”.
Tanto la AEB como Docentes Libres consideran que la Generalitat incumple reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que establece que el sistema educativo catalán debe ser de conjunción lingüística, con el catalán y el castellano como lenguas vehiculares. Las entidades recuerdan que diversas sentencias del TSJC, dictadas entre abril y septiembre de 2025, han anulado artículos “centrales” del decreto lingüístico del Govern por vulnerar los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución.
En su comunicado, las dos organizaciones sostienen que “esta política convierte la educación en un instrumento ideológico al servicio del nacionalismo, utilizando la lengua como herramienta de exclusión y uniformización identitaria”. Afirman que esta situación “atenta directamente contra la libertad de cátedra y de expresión del profesorado”, y denuncian la “inacción” del gobierno español ante estas prácticas. Finalmente, las entidades reclaman a la Consejería de Educación “el cese inmediato de cualquier práctica de persecución o control lingüístico”, así como la “protección institucional y jurídica de los docentes que libremente utilicen el castellano”. También reiteran su compromiso con “una escuela libre, bilingüe y plural, en la que el catalán y el castellano convivan en igualdad y donde los profesores puedan ejercer su labor sin miedo ni presiones”.