Seis años de prisión. Es la condena que pide Irídia contra dos agentes de los Mossos d'Esquadra, a los cuales acusa de provocar una agresión homófoba a un vecino, que detuvieron en el barrio del Raval de Barcelona, en 2020, según ha informado el mismo Centro por la Defensa de los Derechos Humanos este martes. Los agentes iban de paisano y Gustavo —sostiene Irídia— pensaba que le iban a robar. Le pusieron contra la pared, le pegaron, y lo tiraron al suelo boca abajo, y como gritaba y pedía ayuda, le contestaron: "Cállate, maricón". Además de la pena de prisión, la entidad reclama que los dos agentes lo indemnicen con 17.327 euros por daños morales y psicológicos, de los cuales hacen responsable civil subsidiario a la Generalitat. El juicio se celebrará en la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía no los acusa.
"Pensaba que iba a morir", ha manifestado Gustavo, de la detención policial y ha añadido: "Pensaba que tenía que guardar silencio, pero es un problema sistémico que se tiene que denunciar." Los hechos pasaron la madrugada del 26 de diciembre de 2020 (ya no había orden de confinamiento por la pandemia), cuando Gustavo volvía a su casa, en la calle del Carme, andando. En la calle Joaquim Costa, dos personas, con mascarilla y uno de ellos con una capucha puesta, lo detuvieron. No se identificaron como policías, según el escrito de acusación, y Gustavo se pensaba que le iban a robar porque le cogieron el móvil y la bolsa. Pidió ayuda, y empezó a recibir golpes de puños en la cara, y a retenerlo en el suelo. Al final, vino una patrulla de los Mossos, que lo llevó primero a un centro sanitario y después a la comisaría de Les Corts. Ocho horas después, lo dejaron en libertad sin cargos. Y no le devolvieron el móvil, asegura.
Penas con agravantes
A consecuencia de los hechos, Gustavo sufrió lesiones físicas y psicológicas que requirieron más de un año de tratamiento, se manifiesta en el escrito de acusación. Por todo eso, Irídia acusa a los agentes de los delitos de lesiones (2 años de prisión) y de torturas —o alternativamente, contra la integridad moral— (4 años de prisión) con las agravantes de actuar con prevalencia de su cargo y por discriminación por orientación sexual. Además, solicita que sean inhabilitados durante 12 años.
Sònia Olivella Saludes, coordinadora de Irídia, ha declarado: "Son unos hechos especialmente graves e intolerables que no pueden quedar impunes. Se trata de un caso paradigmático de tratos inhumanos y degradantes motivados por discriminación por orientación sexual."
Además, la penalista ha denunciado que "no se ha llevado a cabo ninguna investigación interna por parte de los Mossos d'Esquadra, y el Ministerio Fiscal ha mantenido una actitud de oposición a la investigación". Y ha concluido: "Cuando se denuncian hechos como estos, la administración tendría que asumir la responsabilidad de garantizar la justicia y la reparación. En cambio, una vez más, todo el peso ha recaído en la víctima y en las organizaciones de derechos humanos."