Un policía podría ir a la prisión por las cargas del 1-O. Òmnium Cultural ejercerá de acusación popular en el juicio de Enric Sirvent Peguera, el hombre que sufrió un ataque cardiaco tras ser agredido por un policía durante el referéndum del 1-O en Lleida y que murió en el 2020 de coronavirus. Las imágenes de aquel primero de octubre de 2017 en el colegio electoral Centro Cívico la Mariola muestran como los agentes siguen cargando contra los votantes mientras un grupo intenta reanimar Sirvent en el suelo. El caso se ha archivado varias veces, pero será el primer policía español juzgado por un delito grave y que podría ir a parar a la prisión en el marco de la actuación de aquel día, ya que hasta ahora todos lo habían hecho por faltas leves. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha apuntado que "no pueden permitir" que cinco años después "todavía no se haya condenado ningún integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni ningún responsable político" por las cargas policiales del referéndum.

Òmnium pide tres años de prisión para el policía

Por otra parte, sostiene que el caso de Sirvent "tiene un gran valor" porque simboliza "la persistencia" de las víctimas. "Enric murió hace 2 años, pero sus herederos no han desfallecido hasta conseguir sentar en el banquillo de los acusados a su agresor", ha añadido Antich. El escrito provisional de acusación popular de la abogada Anna Llauradó, solicita que se condene el policía a 3 años de prisión por un delito de lesiones con la agravante de motivación ideológica y de prevalencia del carácter público del agente, indica la entidad en una nota. Según lo que apunta la acusación, la policía clavó patadas a la víctima y porrazos, y mientras lo reanimaban después de sufrir el ataque cardiaco, los agentes siguieron con las cargas, dificultando que la ambulancia asistiera a Sirvent.

Acusan la Fiscalía de ignorar los derechos de la víctima

El juzgado de Instrucción número 4 de Lleida ha dictado dos veces la archivación de la causa con el apoyo de la Abogacía del Estado y la Fiscalía y, en los dos casos, la Audiencia Provincial se ha opuesto. Òmnium denuncia que, durante todo el procedimiento, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han tenido una conducta "centrada en obstaculizar la instrucción y la investigación". De hecho, según la entidad, la Fiscalía ha ignorado de forma reiterada los derechos de la víctima, "oponiéndose permanentemente en la práctica de diligencias de investigación, poniendo bastones en las ruedas durante toda la instrucción y actuante como defensa de los policías investigados".