Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han revelado por el reparto de menores inmigrantes no acompañados y han anunciado que no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial sobre esta cuestión. Los populares consideran que el gobierno español pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial, según han confirmado los ejecutivos autonómicos de Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Aragón y las Islas Baleares. La idea del Gobierno, que ya trasladó las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde las Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría en Andalucía, la Comunidad de Madrid y el País Valencià. La reunión, convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya se preveía tensa, antes de la plantada, a causa de la oposición al reparto de inmigrantes por parte de estas autonomías, que ya han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en que se aprobó.
Las autonomías del PP creen que la convocatoria es "ilegal"
Desde la Xunta de Galicia han acusado al Ejecutivo socialista de usar a los menores para "resolver las urgencias parlamentarias" de Sánchez. Por eso, la consejera de Política Social, Fabiola García, no acudirá este jueves a la Conferencia al asegurar que "fue convocada de forma ilegal" y con un orden del día rechazado a las reuniones. Desde esta consejería han insistido en que "el sistema de protección autonómico tiene una sobreocupación del 108%, por lo cual Galicia no tiene la capacidad necesaria para hacer frente a la acogida de 317 menores más".
Desde Aragón, ni la consejera Carmen Susín ni ningún representante del departamento de Bienestar Social y Familia estarán presentes. El gobierno aragonés también ha indicado que se opone "frontalmente" al "intento de imposición" del gobierno de España y, en un comunicado, ha explicado que se niega a convertir a los menores en objetos de intercambio político. De la misma manera, el gobierno murciano cree que la reunión "ignora el reglamento de funcionamiento interno del pleno de la Conferencia Sectorial". En este sentido, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad autonómica considera que el Ministerio "está despreciando las comunidades autónomas con esta convocatoria realizada desde la imposición".
Los populares estallan contra Catalunya y el País Vasco
Por su parte, la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Viviendas valenciana, Susana Camarero, ha calificado el reparto propuesto por el Ejecutivo central como "un traje a medida para contentar a sus socios" y ha dicho que "Catalunya y el País Vasco no reciben ni a un menor, mientras que en la Comunitat Valenciana le imponen 571 nuevos ingresos". Según Camarero, "se trata de un reparto diseñado solo para sostener los apoyos parlamentarios del PSOE, sin consenso, sin criterios claros y sin respeto al principio de igualdad territorial".
En definitiva, las autonomías del PP cuestionan la "doble vara de medir", como defiende la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención en la Dependencia de las Islas Baleares, Sandra Fernández. Según su opinión, sigue "criterios arbitrarios" con el único objetivo de "beneficiar comunidades como Catalunya y el País Vasco". La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, cree que estos son "territorios de los cuales depende de que Sánchez se mantenga en el poder a que se aferra a pesar de la corrupción de su entorno más próximo".