El colectivo Smart Mobility presentó el viernes un informe independiente ante el Ayuntamiento de Barcelona que confirma la viabilidad de abrir un proceso de licitación pública para que las empresas de patinetes eléctricos compartidos puedan operar en la capital catalana.

Tras casi dos años de trabajo, el consistorio ha vuelto a retrasar en las últimas semanas el inicio del proceso de licitación con el argumento de que encuentra dificultades regulatorias a la hora de convocarlo si se establece un límite en el número de operadores de patinetes eléctricos que podrán operar finalmente en la ciudad. Ante esto, Smart Mobility, un colectivo que agrupa empresas con presencia internacional que ofrecen soluciones inteligentes de movilidad urbana basadas en el uso compartido de vehículos de dimensión reducida y libres de emisiones contaminantes, ha venido reivindicando que la regulación aplicable en este caso, la del uso especial del dominio público, habilita perfectamente a las Administraciones Públicas para establecer un régimen de concurrencia donde se limite el número de operadores.

El informe asegura que no existe traba legal

El informe ahora presentado, elaborado por José Esteve Pardo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, viene a confirmar que, efectivamente, no existe tal traba legal. Smart Mobility recuerda que no solo no existe limitación normativa alguna, sino que, además, ya hay experiencias previas, como la de Zaragoza, con dos autorizaciones personales de uso especial del dominio público a sendos operadores, o Sevilla. 

Por este motivo, el colectivo reitera al Ayuntamiento de Barcelona la necesidad de abrir la convocatoria del proceso de licitación pública lo antes posible para que las empresas de patinetes eléctricos compartidos puedan obtener licencias y comenzar a ofrecer sus servicios en la ciudad, tal y como se comprometió públicamente el consistorio.

"Los únicos perjudicados serán los ciudadanos"

“Durante estos meses hemos colaborado activamente con el Ayuntamiento de Barcelona y queremos seguir haciéndolo, pero creemos que es el momento de terminar de definir el marco jurídico que permita integrar a los patinetes compartidos como una solución más de movilidad sostenible en la ciudad", asegura Marta Becerra, portavoz de Smart Mobility. "No podemos seguir bloqueando este proceso cuando no existe ninguna norma que lo impida. Los únicos perjudicados serán los ciudadanos, que no dispondrán de esta alternativa, y la propia ciudad, que pierde un aliado para seguir avanzando hacia el modelo de núcleo urbano saludable y ecológicamente sostenible al que aspira, en línea con otras ciudades europeas como París y Londres”, defiende Becerra.

Smart Mobility pretende ser una aliada de las ciudades en el cambio hacia un modelo de movilidad más inteligente y respetuoso con el conjunto de la sociedad, reduciendo el impacto negativo del transporte de personas y mercancías en la calidad del aire y la congestión viaria.

 

Imagen principal: Un usuario desbloqueando un patinete eléctrico de alquiler de Reby, en Tarragona. / ACN