La Generalitat podría prohibir "mañana mismo" el paso de camiones por la N-340. Así lo ha afirmado hoy en RAC1 el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Júlio Gómez-Pomar, que ha asegurado que es el Govern en exclusiva quien tiene las competencias de tráfico y de circulación de los vehículos privados.

Lo ha dicho en relación al anuncio del RACC que ayer ocupaba una página entera en bastantes diarios catalanes y estatales, y que cargaba contra el Estado por no haber puesto solución a la afluencia de tráfico de camiones en esta carretera, cuando "desde hace un año, hay una solución posible", y ha aprovechado para tildarlo de "inadecuado" porque cree que "no es así".

Gómez-Pomar ha querido dejar claro que Fomento hace tiempo que trabaja con la Generalitat "para articular una serie de medidas que faciliten el desdoblamiento de la vía" y ha reiterado lo que su Ministerio dijo el año pasado de que "se materializará próximamente".

Discrepancias

Hacer realidad la solución no es cosa fácil según el número 2 de Fomento, que ha recordado que la Generalitat tiene que hablar con los alcaldes de los municipios y pactarlo con los concesionarios para que finalmente se desvíen obligatoriamente los vehículos pesados en los tramos conflictivos y que no están desdoblados, pero ha puesto de relieve que "hay discrepancias" con los ediles afectados y ha subrayado que "las medidas se tienen que aplicar con consenso".

Desde Fomento, sin embargo, reconocen que la N-340 "es una zona conflictiva" y "con una alta congestión de tráfico", pero exponen que si Fomento interviene en esta cuestión es precisamente "porque queremos bonificar a los vehículos pesados al AP-7", pero no para prohibir su paso por la nacional que, ha repetido, "es competencia exclusiva de la Generalitat" y, por lo tanto, "es una decisión que tiene que tomar la Conselleria de Interior".

Negociaciones con Abertis

Gómez-Pomar ha anunciado que Fomento "ya ha negociado con Abertis" pactando "una compensación de cinco millones de euros a cambio de las bonificaciones a los transportistas de los peajes", que el RACC pedía que se estableciera una reducción del 50% para estos vehículos.

Según su opinión, el desvío tendría que ser obligatorio porque en los tramos en que lo han hecho voluntario "no se han obtenido los frutos que esperábamos".