Este viernes, 4 de noviembre, entra en vigor el nuevo protocolo diseñado por la Prefectura de los Mossos d'Esquadra con relación a los desalojos en ocupaciones flagrantes y también en las desahucios por orden judicial. Los dos Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) pautan como tiene que ser el dispositivo policial, y también qué recursos se tienen que activar, para enfrentarse a estas dos situaciones. Desde Interior se asegura de que el protocolo diseñado por Mossos "pone a las personas en el centro" con una "mirada social", un hecho que implica que los Mossos no solamente hagan prevención, sino que también, en casos donde se tengan que desalojar personas vulnerables, sean la policía quién también actúe en una vertiente asistencial para activar todos los recursos sociales si antes a nadie más lo ha hecho. El protocolo también perfila cómo actuar cuando se reciben requerimientos de desalojos judiciales y cómo actuar cuando los agentes tengan constancia de una ocupación ilegal y flagrante, que es uno de los puntos nuevos y más interesantes.
Radiografía de los dos nuevos protocolos
No hay grandes cambios y los dos protocolos, que han sido redactados por el comisario jefe Eduard Sallent y avalados por la División de Avualació de Serveis del mayor Trapero y la Fiscalía, dejan para el último recurso la activación equipos antidisturbios como el ARRO o la BRIMO.
Si un desalojo es considerado de nivel 3 -textualmente, el PNT dice si son "de complejidad alta o con posibilidad de incidentes graves (movilización de grupos susceptibles de oponerse al desalojo mediante actuaciones potencialmente peligrosas, que pueden causar daños en las personas y los bienes y alterar gravemente la orden públic)"-, los jefes del operativo así lo creen oportuno o la autoridad judicial así lo reclama, se podrán activar unidades de orden público. El protocolo sí que deja claro que no se tienen que activar unidades de orden público "de oficio" y que solamente tienen que participar en operativos de desalojo judicial cuando sea necesario.
El protocolo también abre la puerta que en nivel 2 -"Desalojos de complejidad media o con posibilidad de incidentes leves (movilización de colectivos que puedan hacer pegada de carteles, pintadas, lanzamiento de objetos no lesivos, etc.)"- no se hagan con equipos de orden público y sean las unidades de Seguridad Ciudadana quien lo lidere. De todos modos, el PNT, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, sí que permite a los jefes de los operativos activar orden público cuando se puedan generar "acciones que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial".
Sin Brimo "de oficio" a los desalojos
En resumen, el PNT 231/01/22 "Actuación policial en desalojos de inmuebles por mandato judicial" deja claro a quien será el jefe de los dispositivos y cuando podrá activar recursos de orden público, que si bien parece que se ha convertido en un tema nuclear, también por la dependencia política del Govern de la Generalitat de los antisistema de la CUP, no ha cambiado sustancialmente con relación a cómo se hacía hasta ahora. Ahora se ha conseguido poner sobre papel el protocolo y marcar una línea concreta en la planificación, pero sin cerrar la puerta que, en los casos que hemos explicado, cada mando territorial pueda activar, como hasta ahora, recursos de orden público como el ARRO o la Brimo.
Protocolo para cómo actuar en ocupaciones flagrantes
El segundo PNT, el 230/01/22, "Actuación policial ante la ocupación de inmuebles", sí que contempla novedades importantes. En 11 páginas los Mossos detallan en sus agentes como tienen que actuar cuándo son sabedores que se ha producido una ocupación y como es debido actuar para proteger la propiedad privada y los derechos de todas las partes con seguridad jurídica por los mismos agentes de las unidades de Seguridad Ciudadana que tienen que hacer frente a estos incidentes.
El protocolo dice cómo se tiene que actuar y cómo se tiene que hacer el atestado y la minuta policial a fin de que el juez de guardia pueda obrar con más celeridad para revertir la ocupación. Entre otras cosas, el protocolo pide a los agentes que en la instrucción añadan toda la información que puedan, desde fotografías de cómo ha quedado el espacio ocupado, la identificación de todos los ocupantes que se han podido detectar, también si hay voluntad de permanencia -objetos, maletas, etc.- y si se ha detectado que los identificados tienen antecedentes o si se puede observar intención de ocupación con objetivos delincuenciales.
Pedir al juez desalojos exprés
A la hora de presentar el atestado al juez, sin embargo, aquí está donde el protocolo incorpora una novedad. El punto 7.7 de este PNT 230/01/22 detalla cómo los Mossos pedirán en la Fiscalía que esta solicite al juez que, como medida cautelar, ordene el desalojo exprés, sin tener que esperar los largos meses que puede comportar todo un procedimiento judicial. Es uno de los derechos que tienen los propietarios de la vivienda ocupada, y los Mossos regulan en el protocolo como solicitarlo en la Fiscalía, a fin de que desde el Ministerio Fiscal se pida al juez. Además de la petición concreta de la propiedad, los Mossos también añadirán los antecedentes de los ocupas, un documento que acredite que les ocupas no son vulnerables o información de si hay defraudación de fluido eléctrico o de otros suministros.
De esta manera, la policía agiliza uno de los derechos que tienen las víctimas de estos tipos de delitos y permiten que el juez, en el caso que la ocupación ya no se pueda detener, que de manera cautelar se ordene un desalojo y recuperar en el menor tiempo posible el inmueble. Este procedimiento se hace de manera coordinada con la Fiscalía, que es quien tiene la potestad de pedirlo al juez de guardia que reciba el atestado de las diligencias policiales de la ocupación. Si bien la última palabra la tendrá siempre el juez, con el nuevo protocolo se normaliza hacer esta petición de desalojo exprés cuando se entregue el atestado, para evitar perder tiempo, sobre todo, en casos de reincidentes o cuando se cree que la ocupación puede ser el inicio de una pesadilla delincuencial para los vecinos de la vivienda usurpada.