Los Mossos d'Esquadra han justificado este viernes al mediodía, en una breve nota difundida por el departamento de Interior, la infiltración de dos agentes en reuniones de un sindicato vinculado a la preparación de la huelga de profesores, asegurando que se trata de una actuación amparada por la normativa vigente. Después de las primeras horas de silencio y de no confirmar los hechos, mientras el ruido se iba haciendo más grande, el cuerpo policial ha hecho público un comunicado en el que defiende que estas prácticas forman parte de las funciones asignadas a la Comissaria General d’Informació (CGINF) y que tienen como objetivo analizar posibles riesgos vinculados a la conflictividad social y laboral.
Según el posicionamiento oficial, la Comisaría de Información tiene atribuidas por ley, y específicamente por el artículo 109 del decreto de estructura de la Dirección General de la Policía, competencias de recogida y tratamiento de información operativa en este ámbito. Los Mossos remarcan que esta tarea no es discrecional, sino que responde a una “obligación normativa” que ya constaba en decretos anteriores, como el de 2011, y que se mantiene en la actual estructura aprobada en 2023.
"Amenazas y riesgos"
El objetivo, insisten, es poder hacer una valoración de amenazas y riesgos para garantizar la seguridad pública. No solo es legal, asegura Interior, sino que están obligados a hacerlo. En el comunicado, el cuerpo también defiende que respeta el derecho de huelga, la libertad sindical y el derecho de reunión, y asegura que su función es velar para que estos derechos se puedan ejercer con garantías y sin incidentes. “Nuestra obligación es garantizarlos todos, así como la seguridad pública”, remarcan en este escrito difundido más de 24 horas después de conocer los hechos.
La revelación de la infiltración ha provocado un fuerte terremoto político. Partidos como Esquerra, Comuns y la CUP han reclamado la dimisión del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, y han exigido explicaciones sobre una actuación que consideran grave a la consellera Núria Parlon, titular de Interior, y también a Esther Niubó, consellera de Educació. Al mismo tiempo, los Mossos, sin embargo, han asegurado que se ponen a disposición de los grupos parlamentarios para rendir cuentas de sus actuaciones y defender la legalidad del procedimiento. Cabe recordar que fueron miembros del colectivo de docentes de Barcelona quienes detectaron a las dos agentes de Información en una asamblea abierta y, cuando preguntaron quiénes eran, después de tener sospechas de que eran policías, las echaron; las dos agentes se marcharon. Fuentes policiales han aceptado a ElNacional.cat que se han realizado operaciones encubiertas similares, en el movimiento educativo y de otros sectores en disputa con la administración o con otras empresas u organizaciones.
Sallent critica la operación
Por su parte, quien fue jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha criticado en un duro escrito en Twitter, ahora X, asegurando que nadie, ni política ni policialmente, valoró la seguridad operativa de la infiltración y ha asegurado que en Catalunya, este tipo de acciones, por la dimensión de nuestro país, no son aconsejables, y que ahora habrá que actuar para proteger la integridad de las dos agentes encubiertas que fueron descubiertas.