Nueve años después de que se destapara el fraude del Palau de la Música, el caso de corrupción que saccejar la opinión pública, la burguesía catalana y el mundo político, llega el juicio.
24 horas antes de que comiencen 4 meses de vistas, los abogados de Jordi Montull, mano derecha del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet, ultimas un acuerdo para rebajar la pena a su hija, que afronta 26 años de prisión, a cambio de confesar su implicación en la expoliación y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC. La intención es librar a Gemma Montull, ex directora financiera del Palau, de una pena alta ya que ella no podrá beneficiarse de una rebaja por edad o salud, como sí puede ocurrir con su padre y Millet.
Según han revelado fuentes cercanas a las negociaciones, que están en marcha desde hace días, la defensa de Jordi Montull y de su hija Gemma, ex directora financiera del Palau, ha ofrecido este acuerdo a la Fiscalía, que en caso producirse podría acabar rebajando su petición de pena en las conclusiones definitivas del juicio, que se inicia este miércoles con el trámite de cuestiones previas.
Jordi Montull, que igual que Millet ha negado siempre cualquier relación de CDC con el presunto pago de comisiones a través del Palau, busca con su oferta atenuar una eventual condena en la prisión de su hija, que no es previsible que llegue a disfrutar de los beneficios penitenciarios de los que su padre y el propio Millet podrían ser merecedores por su adelantada edad y su precario estado de salud.
La Fiscalía no niega el acuerdo aunque no afirma tampoco que ya esté cerrado: "Es una posibilidad, como en todos los juicios". Sin embargo, si llegara a buen puerto el acuerdo, el fiscal podría rebajar hasta tres años de prisión -dos de ellos sustituibles por multa- su petición de condena de Gemma Montull mediante la aplicación de circunstancias atenuantes, previsiblemente una de ellas la de confesión. El objetivo de la defensa de los Montull sería implicar en este posible pacto, que todavía no está cerrado, al resto de acusaciones particulares y populares, para asegurarse así que el tribunal no pueda imponer a la exdirectora financiera una pena superior a la acordada.
Reunión con las cinco acusaciones personadas
De hecho, según apuntan las mismas fuentes, representantes de las cinco acusaciones personadas en la causa se han encontrado en una reunión celebrada la semana pasada en la cual exploraron las posibilidades de este acuerdo propuesto por los Montull.
Este acuerdo entre todas las acusaciones se presenta arduo, teniendo en cuenta que una de ellas es la del Palau de la Música, que pide 81 años de prisión para Millet, Montull y la hija de este, sin exigir a CDC ninguna responsabilidad por los 6,6 millones de euros en supuestas comisiones de la constructora Ferrovial que el juez cree que se embolsó la formación a través de la entidad cultural.
Otra de las acusaciones que podrían suponer un escollo para un pacto con los Montull es la del Consorcio del Palau de la Música, entidad que vehicula los fondos públicos de que se alimenta la entidad cultural y de la que forman parte a la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona.
El acuerdo, en caso de fructificar, se materializaría en una rebaja de petición de penas en el trámite de conclusiones definitivas, al final del juicio, previsto para finales de junio, cuando la sala haya tenido ocasión de escuchar la declaración de los acusados, que empezará el 8 de marzo con el esperado interrogatorio de Millet y los Montull, así como los testigos y peritos del caso.
Fuentes conocedoras de la negociación señalan que en ningún caso está previsto que acusaciones y defensas pacten acuerdos de conformidad, ni siquiera parciales, que eviten la celebración del juicio.
Las penas y los acusados
El fiscal pide para Millet y Montull una pena de 27 años y medio de prisión para cada uno. La acusación popular, la FAVB, pide 37 años de prisión para Millet y 25 para Montull. Para Gemma Montull, solicita 26 años de prisión.
El Ministerio Público solicita 7 años y medio de prisión para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, y 4 años de prisión para dos directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.
Entre los procesados está la exdirectora general del Palau Rosa Garicano; los empresarios Miguel Jiménez Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén y Ramon Marc Martí; los abogados Raimon Bergós Civit y Santiago Llopart, y el assesor fiscal Edmundo Quintana.
La antigua Convergència también se sentará en el banquillo de los acusados como responsable civil a título lucrativo. Se le atribuye el cobro de 6,6 millones de euros por "comisiones ilícitas".
Las cifras del juicio
El sumario tiene 65 cajas con 102 volúmenes. Son un total de 60.784 folios además de la documentación de las piezas separadas de situación.
Hay 38 partes procesales: 16 acusados, 2 acusaciones públicas, 4 acusaciones particulares y/o populares, 5 responsables civiles a título lucrativo y 11 entidades jurídicas como responsables civiles subsidiarias.
En total habrá 30 togas durante el juicio: 24 letrados de la defensa, 4 acusaciones populares y particulares y 2 acusaciones públicas.
El calendario
El juicio empezará el 1 de marzo y está previsto que se acabe el 27 de junio. Habrá 55 sesiones de 9'30h a 15h. Las sesiones no serán continuas. Se ha dejado algún día entero en medio, porque algunos abogados tenían trámites judiciales de otros casos.
El primer día, durante las cuestiones previas habrá que resolver si los acusados tendrán que estar en todas las sesiones del juicio. Hay empresarios imputados que han pedido no estar. El abogado de Jordi Montull, Jordi Pina, intuye sin embargo que se tendrán que pasar todo el juicio en la sala: "La nariz me dice que se tendrán que quedar todos", ha dicho en declaraciones a El Nacional. El abogado de la acusación particular, Àlex Solà, ha recordado, sin embargo, que asistir a las sesiones "no es un castigo, es un derecho".
Fèlix Millet y Jordi Montull declararán el 8 de marzo.
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Caso Palau
Se calcula que los máximos responsables del Palau de la Música, que salieron indemnes de la primera pieza del caso, el juicio del caso Hotel del Palau, se quedaron 30 millones de euros del Palau y que Convergència Democràtica cobró supuestamente 6,6 millones en comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. Después de nueve años de investigación judicial, todavía hay dinero que no se sabe donde fueron a parar y la cifra del fraude es aproximada.
El juicio empieza este miércoles, 1 de marzo, pero los acusados no empezarán a declarar hasta el 8 de marzo, una semana después. Los dos exmáximos responsables del Palau de la Música pedirán este miércoles, durante las cuestiones previas, no tener que asistir a todas las sesiones del juicio. También es la intención de que lo hagan los empresarios procesados. Millet, por motivos de salud, según explicó en una entrevista a El Nacional. Y los empresarios, por motivos laborales.
La investigación
El año 2002 un anónimo a Hacienda alertó del desvío de fondo públicos de la Fundación del Palau de la Música a usos privados. Quedó en un cajón y no fue hasta el 2009 que la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella.
A finales de julio del 2009, saltó el caso con los cacheos al Palau de la Música. Salieron 13 cajas de documentación y Fèlix Millet escondido bajo un paraguas. Se habló de un presunto fraude de más de 2 millones de euros durante los años 2003 y 2004. Millet dimitió, y pasado el verano, el 16 de septiembre, confesó. Lo hizo con una carta a La Vanguardia, donde admitió el desvío de fondo en sus cuentas y patrimonio personal. La confesión de Millet hizo subir el fraude hasta los 3'3 millones de euros. Explicó que con el dinero del Palau hizo reformas en su casa, pagaba viajes turísticos a destinos como las Maldivas y Dubái y exponía una doble contabilidad en negro con la cual pagaba algunos de los artistas del Palau de la Música.
A medida que avanzaba la investigación se fueron conociendo más detalles. Como el hecho de que Fèlix Millet pagó toda la boda de su hija, que hizo en el mismo Palau, con dinero de la Fundación y que, encima, le hizo pagar la mitad del gasto al consuegro.
En paralelo, seis días después de los cacheos, Jordi Montull ordenó a uno de sus trabajadores, llevó documentación que todavía quedaba a su despacho. Las cámaras de seguridad del edificio registraron los movimientos del trabajador. Durante el mes de agosto, la nueva dirección del Palau encontró nuevas irregularidades que implicaban los exresponsables. Mientras tanto el juez ni imputaba ni citaba a declarar a Millet i Montull, aunque la Fiscalía insistía.
No fue hasta el otoño, el 9 de octubre, que se levantó el secreto de sumario, destapando un fraude de 25 millones de euros, y hasta el día 19, que Millet y Montull declararon al juzgado. El juez, Júli Solaz, no aplicó medidas cautelares. Lo que provocó un hecho insólito. Una rueda de prensa de la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, anunciando el recurso a la decisión judicial. Compte compareció con los fiscales anticorrupción. Entre ellos, Emílio Sánchez Ullez, que investigaba desde el principio a partir del anónimo y que a partir de este miércoles dirigirá la acusación del Ministerio Público en el juicio.
No fue hasta el 9 de julio del 2012, que el juez ordenó los cacheos en las casas que Millet y Montull tienen en l'Ametlla del Vallès y Teià, respectivamente. La policía y la comitiva judicial encabezada por el fiscal se llevó 43.000 euros que tenía Fèlix Millet en casa y varias obras de arte.
El caso Palau ha sido tres años atascado. En el 2013 se cerró la instrucción pero no se pudo enviar a la Audiencia de Barcelona para abrir el juicio oral porque no se localizaban los responsables de las empresas implicadas y porque la FAVB, la acusación popular, había pedido un cambio en el procedimiento seguido hasta ahora. En julio del 2016 el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona salió del callejón sin salida y remitió todo el sumario a la Audiencia, donde se empezará la parte final de un caso de que hace 9 años que duerme en la Ciutat de la Justícia.
Los fiscales concluyeron que Millet y Montull se apoderaron de 30 millones del Palau y que el partido nacionalista cobró 6,6 millones en comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. Desde entonces, diferentes estrategias procesales de las partes habían retrasado el fin de la instrucción.