Ripoll fue noticia hace solo unas semanas cuando una investigación reveló que el Ayuntamiento, gobernado por el partido ultraderechista Alianza Catalana y con Sílvia Orriols al frente, pone trabas a los trámites de empadronamiento de la población migrada. La situación afecta al menos a una decena de familias, pero podría haber muchas más, y significa que quedan durante meses sin poder escolarizar a los niños o sin un médico asignado ni tarjeta sanitaria, a la espera de poder regularizar su situación. Pero no es solo Ripoll. Un informe presentado este martes por Comisiones Obreras ha denunciado que hay más de 35 ayuntamientos a Catalunya que dificultan los trámites de empadronamientos de migrantes y retrasan el proceso más de lo que es necesario.
"No es un problema solo de Ripoll", ha advertido al secretario general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, durante la presentación del balance de las redes del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE). Entre los consistorios que retrasan este proceso hay Santa Coloma de Farners, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat y Salt. Son, pues, gobiernos municipales de "todos los colores" políticos.
Según revela el sindicato, "las dificultades empiezan cuando los migrantes llegan a la ventanilla del ayuntamiento y se los pide un contrato de alquiler", sin explicar qué otras opciones tienen para tramitar el empadronamiento. "Una vez llenas la solicitud pueden pasar uno, dos, tres, cuatro o cinco meses y no llega la resolución. Entonces vas al CAP y necesitas atención médica y como no tienes el empadronamiento no te atienden. Es un problema de falta de voluntad", ha denunciado Liliana Reyes, secretaria de Política Territorial y Migraciones de CCOO de Catalunya. Aparte de dificultar la escolarización o el derecho a la sanidad, el empadronamiento también es un requisito para demostrar el tiempo de residencia cuándo se hace el trámite por arraigo al cabo de 2 o 3 años de estar en el país.
Para enmendar esta situación que "condena" los migrantes a no acceder a derechos como la sanidad o la escolarización de los hijos, CCOO reclama una reforma de la normativa para reducir de tres a un mes los trámites de empadronamiento con silencio administrativo positivo. Además, también han puesto sobre la mesa que el acceso a los derechos a los cuales va vinculado el empadronamiento sea directo desde el momento de la solicitud.
Una actuación denunciable
En el caso de Ripoll, la alcaldesa hizo de esta estrategia para dificultar el empadronamiento de los migrantes uno de los suyos principales atractivos electorales. Fuentes internas del consistorio explican que el nuevo gobierno de Orriols ha cambiado el protocolo de actuación y ahora ningún recién llegado en la población consigue empadronarse en menos 3 meses, que es el plazo máximo permitido por ley. Con todo, a causa de las trabas administrativas, algunos inmigrantes desisten y deciden irse de la población. Por ley, el Ayuntamiento tiene obligación de empadronar toda la población que viva en el municipio, independientemente de su origen, por lo que este nuevo protocolo podría suponer un retorcimiento de los límites de la legislación por motivos xenófobos, denunciable si se demuestra que hay una voluntad de discriminación a estas personas.