Si el segundo día de juicio el fiscal intentó por todos los medios probar que el Govern había seguido preparando el 9-N a pesar de la prohibición del TC e intentó demostrar que había documentos escritos que así lo revelaban, hoy se han ido desgranando algunos de los detalles de cómo se hizo la consulta.

Las palabras de Francesc Homs dentro y fuera de la sala de vistas han centrado un día que ha acabado siendo más corto de lo que se había previsto. El exconseller ha lanzado el mensaje al tribunal de que el Govern sacó adelante la consulta porque no había ilegalidad. Y así lo apuntaron los servicios jurídicos y el equipo legal que asesoraba a Homs como conseller de la Presidència.

Pero en su obsesión para documentar la intencionalidad del Govern en proseguir con la consulta, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha presionado al presidente de la Assemblea Catalana de Municipis, Miquel Buch, para hacerle admitir que se envió una carta a los ayuntamientos para que pusieran a disposición del Govern varios locales municipales para la votación.

Buch no ha confirmado que se enviara nada. Sólo que la ACM llamó a los municipios indicando que "si querían podían ofrecer un espacio para poder votar". Y ha expuesto que de los 947 ayuntamientos de Catalunya, sólo 5 no cedieron los espacios.

La gestión se realizó, según Buch, porque no todos los municipios tenían instituto y algunos se habían quejado porque sus vecinos se tendrían que desplazar fuera de la localidad para votar.

No pasó eso en Barcelona porque el alcalde Xavier Trias se puso al servicio de la Generalitat para ceder las escuelas municipales y no sólo éstas, porque según ha declarado en el juicio, quedaron sorprendidos por la cantidad de escuelas privadas que se ofrecieron. "El presidente dijo que haría un proceso participativo. Yo como alcalde de Barcelona creí evidente que teníamos que ponernos a su disposición y ofrecer máxima colaboración", ha dicho.

La ACM buscó locales, y Joan Rigol voluntarios. Así lo ha explicado a preguntas de la Fiscalía: "Me indicó que se propusiera a los voluntarios que se hicieran cargo de todo lo que se tenía que hacer aquellos últimos días", ha asegurado Rigol, que ha remarcado que, de esta forma, los voluntarios fueron los que acabaron ejecutando el proceso participativo del 9-N.

Buscando la ilegalidad

A primera hora de la mañana, sin embargo, las preguntas todavía coleaban de los testigos de ayer. La Fiscalía perseguía saber si se siguió preparando la consulta después de la prohibición.

Una directiva de la empresa Sertrans ha certificado hoy en el juicio por el 9-N que entregaron las urnas y papeletas en los puntos de votación entre el 7 y el 8 de noviembre del 2014, sin que la Generalitat les diera ninguna instrucción para paralizar el transporte después del veto del Constitucional (TC).

En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha arrancado hoy la tercera sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau, que se enfrentan a una pena de inhabilitación por mantener la consulta soberanista del 9-N aunque el Tribunal Constitucional la suspendió el 4 de noviembre.

La testigo, que ha comparecido a propuesta de la acusación popular -ejercida por dos sindicatos policiales y por Manos Limpias-, ha precisado que después de la suspensión de la consulta, el 4 de noviembre, nadie del CIRE o de la Generalitat les dio ninguna indicación para que no procedieran a la entrega.

"Sencillamente, cumplimos el contrato de entrega", ha indicado la responsable de Sertrans, que ha detallado que recogieron las urnas y papeletas mayoritariamente a partir del día 30 de octubre y que las llevaron en dos trailers en sus almacenes de Barcelona, Tremp (Pallars Jussà) y Girona (Gironès), desde donde las distribuyeron posteriormente a los puntos de votación.

Ante el tribunal también ha comparecido hoy un apoderado de la compañía Fujitsu, a quien la Generalitat contrató para introducir en los ordenadores comprados para el 9-N el programa informático para facilitar la votación, que ha afirmado que no le constaba que se hubiera modificado el proyecto a raíz de la suspensión acordada por el TC el 4 de noviembre.

Buscando la prohibición

Las declaraciones de los cargos de confianza políticos y de los mismos ex presidentes del Parlament y de Francesc Homs, se han presentado como un bloque donde se ha negado la ilegalidad y se ha puesto encima de la mesa la prohibición genérica del TC y las dudas que generó.

El expresident del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, ha subrayado que la suspensión del Tribunal Constitucional sobre el 9-N era "genérica", por lo cual ha dicho que insistió al Govern que pidiera una clarificación y que no abortara el proceso participativo. Pi-Sunyer lideraba en el 2014 el Consell Assessor per a la Transició Nacional, un órgano de expertos en diferentes materias que asesoraba al Govern en el proceso soberanista.

El jurista ha explicado que se celebró un encuentro, que "tenía que ser el día 4" de noviembre, aunque no recuerda con precisión, que reunió a profesores de varias disciplinas, de los que tampoco ha precisado nombres, y en la que pidió al Govern que reclamara una clarificación sobre la suspensión que el TC acababa de acordar. "Insistí mucho en la idea de que era un acto del cual había que pedir una clarificación porque no estaba nada claro qué era lo que suspendía y lo que se podía hacer, era muy genérica", ha subrayado.

Un proceso atípico

Pi-Sunyer ha remarcado que el 9-N era un proceso participativo "atípico", ante lo que el TC aplicó una suspensión en la que "no estaba nada claro qué se podía hacer ante un caso que era "inédito".

Ha añadido, así, que no quedaba claro cómo se podía gestionar la seguridad pública, si se podían usar los Mossos d'Esquadra, si se tenía que desconvocar la convocatoria informal o qué hacer con la página web de la consulta. Pi-Sunyer ha afirmado que, aunque tuvo constancia de la suspensión del TC, desaconsejó al Govern que anulara la consulta, al considerar que no había ningún "riesgo penal".