El juicio del 9-N, el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau, ha quedado visto por sentencia. Han sido cinco días de vistas, con la declaración de los acusados, testigos y peritos que no han variado ni una raya la línea de acusación de la Fiscalía, que mantiene su petición de penas.

En juego, ahora, 10 años de inhabilitación para ejercer la función pública para Artur Mas, y 9 para Joana Ortega y Irene Rigau. Eso quiere decir que si hay condena, que todo hace pensar que es más que probable, Rigau tendrá que dejar su escaño como diputada al Parlamento de Catalunya.

La sentencia puede tardar 15 días como mínimo en llegar. Mientras el tribunal presidido por Jesús Maria Barrientos delibera, en Madrid se juzgará la otra fracción del caso 9-N. La que afecta al exconseller de Presidencia Francesc Homs. Lo juzgará el Tribunal Supremo el 27y 28 de febrero y 1 de marzo. También es muy probable que el TSJC no se pronuncii, hasta que lo haga el Tribunal Supremo que juzga Homs.

Juicio político

La sombra del juicio político ha cernido toda la semana por la sala de vistas, pero ha sido en la última jornada donde se ha hecho evidente el contexto que reclamaba poder exponer a la ex diputada Gemma Calvet cuando declaró como testigo.

La defensa y justificación que ha hecho el Fiscal a Emilio Sanchez Ulled de su actuación desde el mismo 9N hasta hoy ha destapado la caja que hacía años estaba cerrada al despacho del Ministerio Público. Su alegato ha sido punto de referencia de los tres acusados cuando han hecho uso de su turno final de palabra.

"Quiero manifestar con dolor y con tristeza que lo que ha pasado es una ruptura de las reglas del juego democrático que todos nos hemos dado. Una ruptura de la convivencia", Así ha introducido el fiscal Emilio Sánchez Ulled su informe final en el juicio del 9-N. El fiscal, que se ha expresado en castellano argumentando la "notoriedad" y "público diverso" del juicio, se ha justificado ante sus colegas que han estado cada día de la vista en primera fila y ante los acusados y la sociedad por la acusación en Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau y la petición de inhabilitación.

"Si se trata de fortalecer la democracia, no entiendo que fortalecer una democracia el 9 de noviembre se pueda considerar un delito", ha advertido Artur Mas que ha defendido que el proceso participativo del 9-N es un hecho del cual se tendría que sentir orgulloso cualquier Estado democrático. "Eso lo quieren convertir en un delito. Qué pena, señor presidente [del TSJC]. Qué gran error. ¡Qué inmenso error"!, ha remachado.

En el mismo sentido ha cerrado el juicio Joana Ortega. "Entiendo que se me juzga por una actuación política y tengo el convencimiento de que he estado sentada en el banco de los acusado por una actuación del Govern de la Generalitat democrática, legítima, que obedecía un mandato parlamentario," ha dicho Ortega en un alegato a la participación y la democracia: "Dar la voz al pueblo no se cabe delito, dar la voz a la gente no se cabe acto criminal".

Visiblemente emocionada, la exconsellera de enseñanza Irene Rigau, ha admitido la tristeza que este episodio provoca en el último tramo de su carrera política y, después de recordar el empuje que desde Catalunya se hizo a la democracia española con las manifestaciones tras el lema "Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía", ha alertado sobre el riesgo que este proceso obre "un camino de involución democrática".

Partida de ajedrez

Judicialmente, en el terreno de juego, en la exposición de pruebas, testigos, acusaciones y defensas, todo ha quedado en mesas. Cada parte enrocada en su posición de una partida que ha tenido momentos donde parecía que la Fiscalía encontraba dónde pegarse y momentos donde los testigos han tumbado los argumentos del Ministerio Público.

Mientras los testigos de Joana Ortega, muchos de ellos voluntarios reforzaron la tesis de la defensa, el mismo día el Fiscal cogía aire con los informes fiscales de la Guardia Civil. Un juicio que ha dejado al descubierto la maquinaria que hizo posible el 9-N y declaraciones de ex cargos institucionales como los Presidentes del Parlamento Núria de Gispert y Joan Rigol, el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, u otros imputados, como Francesc Homs, que tuvo un papel relevante tanto dentro como fuera de la sala de vistas donde se acabó enfrentando con el fiscal.

Hoy acaba un juicio inédito que ha dejado imágenes históricas y frases irrepetibles.