La ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí' es "un cambio de paradigma importante" porque el consentimiento, que ya se valoraba en los procesos penales, pasa, por delante de las modalidades penales, y la reforma que impulsa ahora el gobierno del PSOE no modificará este principio. Es una de las conclusiones compartidas por juristas, en el 1.º Congreso Justicia Feminista y Libertad Sexual, que se ha celebrado este lunes en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) de Barcelona, pleno de asistentes, organizado por el Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, del Departament de Justicia. "La ley era necesaria y da una respuesta integral que nos hará avanzar", ha asegurado la magistrada Montserrat Comas, presidenta de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, y que al mismo tiempo ha pedido "consenso parlamentario", en la última reforma que se impulsa ahora, ante las críticas, que la nueva ley ha implicado la rebaja de condenas a agresores sexuales, ante la modificación de las penas. "Al PSOE le ha faltado templanza ante el populismo y las políticas de derechas", ha añadido la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Maria Acale. La abogada Laia Serra ha declarado que este debate sobre el punitivisme "ha eclipsado todas las mejoras que recoge la ley, como que garantizar la libertad sexual es una razón de estado, una razón de interés general, que hay que atender y reparar a la víctima sea simbólica o con la modificación de otras leyes", que les ofrecen servicios.
En el congreso, integrantes de la judicatura, la Fiscalía y la abogacía han admitido que se mantienen errores en el tratamiento a víctimas de violencia sexual, por falta de formación especializada o atención, y han apostado por su corrección. "Tenemos que hacerlo bien, si no, no estemos en el turno de oficio", ha manifestado una abogada entre el público, que ha sido aplaudida, cuando se discutía que son los operadores jurídicos y no las víctimas quien tienen que saber qué informes y pruebas pedir o encargar para garantizar un buen resultado al juicio. Precisamente, la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ha asegurado que "tanto las instituciones como los operadores jurídicos tienen el reto de proteger a la víctima y sus necesidades durante todo el proceso judicial". Ubasart ha inaugurado el congreso acompañada de la decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, que ha destacado "el esfuerzo realizado por los órganos judiciales para que las víctimas esten protegidas durante el proceso". La directora del CEJFE, Encarna Bodelón, ha cerrado este espacio de intercambio de experiencias profesionales y de la transversalidad en el tratamiento de las personas que sufren agresiones sexuales, la mayoría de las cuales son mujeres y niñas.
"Reacciones de congelación"
Una intervención enriquecedora y didáctica ha sido la de la psicóloga forense Elisa Micciola, que ha explicado cómo funcionan dos partes vitales del cerebro, y que cuando una persona se siente en peligro, actúa la zona del hipotálamo, que es como un archivador, pero de forma fragmentada, y la amígdala, que reacciona con lucha, huida o parálisis. "Las reacciones de congelación son las habituales en las agresiones sexuales", ha asegurado Micciola, en el sentido que la persona se deja ir, baja su pulsación, se prepara para la muerte. Por eso, ha insistido en que no se puede cuestionar a una víctima si no reaccionó; "el ¿por qué lo hiciste? No ayuda", ha insistido, haciendo referencia a ir a un baño o subirse a un coche. Por eso, en su interrogatorio, ha afirmado que hay que tener en cuenta los efectos del trauma: que no se la cuestione, que vaya recordando; "establecer una cronología" poco a poco, con un ruido, un recuerdo de un olor, y después "preguntas contextualitzadoras", como si bebió o tomó alguna droga, siempre aclarando que no es para culparla, sino para tener herramientas de cómo pasó.
En este sentido, la magistrada del juzgado de instrucción 30 de Barcelona, Zita Hernández, ha admitido que ha entendido que a las víctimas de violencia sexual "no se las puede coser preguntas", que necesitan tiempo, y que quizás hay que reservarles la mañana y no programar más declaraciones, aunque también ha indicado que los tiempos de los juzgados son otros, y a veces se buscan declaraciones rápidas por si hacen falta medidas de protección. "La declaración de la víctima es la prueba reina", ha declarado la magistrada, con los requisitos legales que se mantenga la persistencia de la declaración, sin motivos espurios, y que haya otros elementos de corroboración como restos de ADN, imágenes.
Mujeres "no creíbles"
La profesora de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Esmeralda Ballesteros, ha expuesto un estudio sobre resoluciones que repiten "estereotipos", y que "en los juzgados no hay tanta comprensión", y "lo peor que puede pasar a una mujer es que la violen y no la crean". Ana Nahxeli Bras, abogada de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente (AADAS), ha añadido que la mayoría de las usuarias tienen "experiencias que el sistema judicial les ha provocado daño", ya que no se las escucha, no saben qué ha pasado o los procedimientos tardan mucho. "En las agresiones sexuales, es el único delito donde las mujeres no tienen credibilidad; en un robo, no se pide un informe sobre la credibilidad de la víctima", ha afirmado la abogada especialista en violencias machistas, Begoña Lalana.
La magistrada Àngels Vivas, presidenta de la sala de apelación penal del TSJC, que era entre el público, ha intervenido para insistir en que hay que cumplir la directiva europea de "presunción de inocencia" de una persona en todos los procesos penales, y que "no es cierto que los jueces no se crean a las víctimas", pero que en los juicios, las partes tienen que aportar los testigos y todos los informes y peritos posibles para que los jueces tengan más herramientas para poder valorar la autoría de una agresión.
En el congreso, Emilie Rivas, responsable de Save the Cildren en Catalunya, e Isabel Carrasco, responsable de la Generalitat, han explicado la prueba piloto que desde el 2019 hay a Tarragona para tratar a los menores víctimas de abusos, de forma integral, en el modelo Barnahus, y que el Govern se comprometió a desplegar este año en todo el territorio. En este sentido, la fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, Maria José Osuna, ha destacado "la apuesta de la Fiscalía por Barnahus", y que ha impulsado una guía de actuación con el fin de concentrar todos los casos de abusos sexuales a menores, "personarse en todas las investigaciones", y agilizarlos para ir a juicio. Osuna es una de las profesionales que ha reconocido que si jueces y fiscales hubieran sabido hace años como reacciona una persona agredida, de "quedarse agarrotada y no decir nada al juicio", más condenas habría habido, en casos, donde la investigación solo se ha centrado en su testimonio.
Todo es agresión sexual y las penas
El congreso se ha cerrado con una mesa esclarecedora sobre la rebaja en el punitivisme de la ley del 'solo sí es si'. La reforma incluye que todo sea una agresión sexual, y desaparezca el concepto de abuso sexual. "Todo un acierto", en opinión de la magistrada Montserrat Comàs, ya que ha expuesto que la sociedad no entendía que si había una penetración no consentida, pero sin violencia, era un abuso, o cuando la víctima no podía dar su consentimiento al estar afectada por los tóxicos. El detonante fue la sentencia de La Manada de Pamplona, "donde la Audiencia de Navarra hizo una mala interpretación de la ley, y no vio la intimidación, que sí corrigió el Tribunal Supremo; y no volveremos al Código Penal de la Mandada, como dicen algunos, porque este no existe" ha reivindicado Comas.
La desaparición del delito de abuso sexual ha hecho que el delito de agresión tenga un abanico muy amplio: de 4 a 12 años de prisión. Y La magistrada Comas ha pedido que el legislador fije unos correctores o conductas más graves para interpretarlo, y que como ahora no haya revisiones de sentencias a la baja, donde ha admitido que hay división de interpretación en la judicatura. En la mejora de la ley, la abogada Laia Serra apuesta para que "se defina mejor el consentimiento, ya que se vuelve a poner demasiado peso en las mujeres", y ha destacado una de las mejoras de la ley, como es el incluir a la persona jurídica como responsable, como en el acoso laboral.