Nuevo giro inesperado y de última hora en el caso Juana Rivas. La entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, finalmente no se realizará este martes y, por ahora, se pospone hasta el viernes. Así lo ha decretado el juzgado de primera instancia de Granada después de que este martes el Tribunal Constitucional (TC) inadmitiera a trámite el recurso de amparo de la madre, con el que pretendía suspender la entrega del menor de 11 años. Finalmente, el menor volverá con su progenitora hasta que pueda concluir la ejecución de la resolución judicial de los tribunales de Italia.
El auto del juez justifica esta decisión de última hora afirmando que es "absolutamente descartable que se use ningún tipo de fuerza física o coacción durante la entrega". El juzgado resalta que la devolución, ahora, no se puede hacer "dadas las circunstancias que se comunican por el personal técnico del Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía", lugar donde se fijó la entrada del menor entre las diez y las once de la mañana, es aconsejable atrasar su marcha "por dificultades de ejecución en la entrega".
La entrega del menor, en principio, se producirá este viernes 25, día en que Juana Rivas ha sido citada "al lugar y en las condiciones que se señalarán". Las autoridades y el personal técnico del citado centro pedirán toda la información necesaria y decidirán el nuevo lugar de entrega, pero no lo divulgarán "para salvaguardar el superior interés del menor y sin someterlo a exposiciones innecesarias".
La sucesión de los hechos
El hijo menor de Juana Rivas, de 11 años, ha llegado este martes, junto con su madre y su hermano, en el punto de encuentro fijada por orden judicial para reencontrarse con su padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia. Su llegada se ha producido sobre las 10:40 horas, minutos después de que el Tribunal Constitucional (TC) inadmitiera la petición de medidas cautelares solicitada por los abogados de Juana Rivas para suspender la entrega del niño.
Daniel, de 11 años, ha llegado acompañado por su madre, que, visiblemente afectada, ha accedido al punto de encuentro familiar, donde un equipo de psicólogos y de los servicios sociales velará para que el intercambio se produzca de manera tranquila, como acordó la semana pasada el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada. A las puertas del centro y preguntado por Francisca Granados, asesora de Juana Rivas desde el inicio de esta causa, el menor ha dicho que no quiere volver con su padre: "Me matará como vuelva".
El TC ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Juana Rivas contra la orden de entrega de su hijo menor al padre. Esta orden fue dictada por la Corte de Apelación de Cagliari (Cerdeña, Italia), que ha confirmado la custodia del menor a favor del padre. Los magistrados de la Sección Segunda del TC -José María Macías (como ponente), Ricardo Enríquez y Juan Carlos Campo- se han reunido este martes de urgencia para deliberar sobre el caso y han rechazado el recurso por no haberse agotado todavía la vía judicial ordinaria.
Juana Rivas, representada por el despacho Aránguez Abogados, presentó este recurso después de que la Audiencia Provincial de Granada rechazara suspender la orden de entrega del menor dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº. 3 de Granada, que actuaba para dar cumplimiento a la decisión de los tribunales italianos. La entrega se ha hecho efectiva este mismo martes entre las 10 y las 11 de la mañana, con la asistencia de un punto de encuentro familiar. Esta circunstancia ha motivado la urgencia con que Rivas ha presentado recursos ante varios tribunales.
"No hay base para suspender la orden"
En su resolución, los magistrados de la Audiencia de Granada remarcan que en materia de derecho de familia las medidas acordadas tienen efecto inmediato, sin que sea posible suspenderlas o requerir ejecución provisional. En el marco del principio de confianza mutua entre estados miembros de la UE, el tribunal rechaza el argumento que el retorno del menor a Italia supondría una desprotección por falta de garantías judiciales. "Aunque, hipotéticamente y solo como suposición dialéctica, los estándares italianos fueran considerados inferiores a los españoles, eso no nos libera de actuar según las normas obligatorias del derecho de la Unión Europea", dice el auto judicial.
Los jueces subrayan que el caso ya ha sido abordado por la justicia de otro país miembro de la UE. También señalan que la petición de suspensión se basa en la existencia de un procedimiento penal europeo en curso, pero concluyen que no hay motivos legales para frenar la ejecución de la orden de entrega.