El gobierno de las Islas Baleares confía en que las sanciones que se aplicarán a partir de ahora al turismo ilegal ayudarán a frenarlo. Estas llegarán hasta los 400.000 euros al portal que lo comercialice y hasta 40.000 al propietario.
Por otra parte, el gobierno balear también ha dado el techo máximo permitido actualmente en Mallorca: 437.707 plazas en total (hoteleras y no hoteleras). Se calcula que más de 90.000 pertenecen al alquiler legal de viviendas, pero el resto forman parte de una bolsa hasta ahora incontrolada.
El vicepresidente y conseller de Turismo en las Islas Baleares, Biel Barceló, ha afirmado que lo que se pretende es "hacer a la larga a un modelo mucho más equilibrado y mucho más sostenible". Algunos de los problemas provocados por el alquiler vocacional son los enfrentamientos entre vecinos y turistas incívicos, la ocupación del espacio público y el encarecimiento de la vivienda.
De momento, sin embargo, se desconoce el techo que establecerán los consejos de Menorca y las Pitiüses, con competencias en ordenación turística. En el caso de Ibiza, se prevé que se harán muchas restricciones como consecuencia de la falta de viviendas de alquiler de larga duración.