La Iglesia y el Gobierno han evitado fijar baremos para indemnizar víctimas de abusos y, finalmente, irán caso por caso. Aunque era una de las reclamaciones principales de las víctimas, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer), el ejecutivo estatal y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el esperado protocolo de reparación sin fijar los baremos mencionados —que se entendían como un ejercicio de transparencia, entre otras cosas—. Por el contrario, el Defensor del Pueblo se encargará de revisar cada caso y establecerá las cantidades de las indemnizaciones.
El presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, lo ha reconocido expresamente: "No se trata de establecer cantidades ni horquillas, sino una propuesta de reparación integral". De manera similar se ha expresado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha justificado la exclusión de los baremos "porque cada caso se estudiará en detalle" por parte de los expertos del Defensor del Pueblo y del plan PRIVA de la Iglesia. Además, ha precisado que el protocolo sí que establece criterios como la gravedad del daño o la reiteración. "La reparación justa no debe ser determinada por una cifra ni mínima ni máxima", ha remarcado.
Bolaños también ha insistido en el hecho de que "la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo" y la Iglesia deberá abonar la cantidad que se decida. Además, ha indicado que las víctimas que recurrieron al PRIVA podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron "debe ser mejorada, complementada, superada".
El protocolo firmado este lunes, y acordado inicialmente el pasado 8 de enero, debe servir para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos ya han prescrito. Con el nuevo mecanismo, la víctima podrá iniciar a partir del próximo 15 de abril un proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta última institución hará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual o económica), teniendo en cuenta la petición de la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero, como ya hemos dicho, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.