El Gobierno y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes un acuerdo para poner en marcha un sistema de indemnizaciones destinado a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. El protocolo, que se ha elaborado con la participación del Defensor del Pueblo, se formalizará a las 11:00 horas en su sede, según la convocatoria difundida por la Conferencia Episcopal. A la firma asistirán el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El acuerdo pretende establecer un marco de reparación para las víctimas que, por diversas circunstancias, han quedado fuera de los circuitos judiciales.
La rúbrica llega después del retraso anunciado por la Iglesia el pasado 19 de marzo, cuando se aplazó la firma a la espera de cerrar los últimos detalles del protocolo. Entonces, desde la Conferencia Episcopal se mostraban confiados en resolver los “flecos” pendientes “en una o dos semanas” y subrayaban que el documento estaba “bastante cuadrado”, aunque insistían en que había que “hacerlo bien” y sin prisas, ya que “no tenemos fecha límite”.
El sistema acordado se articula como un mecanismo complementario al plan Priva, impulsado en 2024 para dar respuesta a las víctimas de abusos sexuales sin recorrido judicial, ya sea por la prescripción de los delitos o por la muerte de los responsables. Sin embargo, muchas víctimas habían expresado reticencias a recurrir a una comisión gestionada exclusivamente por la Iglesia, hecho que ha llevado a diseñar este modelo mixto con participación estatal. Desde la Conferencia Episcopal insisten en que “es complementario al plan Priva, no alternativo” y remarcan que “una persona que ha ido al plan Priva, ahora no puede volver al plan del Gobierno”.
El peso del ejecutivo
El nuevo mecanismo establece que la víctima inicie el procedimiento a través de una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que derivará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta instancia será la encargada de elaborar una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación —que puede incluir medidas simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas— en función de la demanda de la persona afectada. Posteriormente, el planteamiento se trasladará a la comisión asesora del plan Priva, que evaluará su contenido y emitirá un informe. Si hay acuerdo entre las partes, la resolución será definitiva y la indemnización correrá a cargo de la Iglesia. En caso de desacuerdo, se convocará una comisión mixta con participación de asociaciones de víctimas para intentar consensuar una salida; si no se llega, la decisión final recaerá en el Defensor del Pueblo.