La Generalitat devolverá el importe de las sanciones que recaudó durante el segundo estado de alarma por la pandemia de coronavirus entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021, según una resolución publicada por el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc). Se trata de todas aquellas multas que se pusieron por infringir las medidas de control de la pandemia como los confinamientos territoriales, las limitaciones al derecho de reunión y el toque de queda, entre otras. Los ingresos obtenidos se declararán indebidos, se devolverán y, además, el Govern añadirá "el interés legal" del dinero devengado entre la fecha del pago efectivo de la sanción y la fecha en que se proponga el pago de la devolución de la sanción.
Hace más de un año el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el segundo estado de alarma a raíz de un recurso de Vox al considerar que el plazo de seis meses de prórroga tuvo un carácter no razonable o infundado. Las personas interesadas en una devolución tienen que comunicar sus datos bancarios para a través del formulario de comunicación de datos bancarios disponible en el apartado Trámites de la página web de la Generalitat.
El primer estado de alarma
Hace poco más de un año, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, anunció que el Govern de la Generalitat devolvería el importe de las 23.000 multas interpuestas y pagadas durante el primer estado de alarma, después de que éste fuera considerado por el Tribunal Constitucional (TC) como anticonstitucional. Todo ello equivalía a unos 4 millones de euros, según matizó el propio conseller Elena. Durante el primer estado de alarma se realizaron 146.000 denuncias, de ellas más de 63.000 terminaron en multa.
El segundo estado de alarma
El Constitucional declaró inconstitucional -seis votos contra cuatro- el segundo estado de alarma por coronavirus el 27 de octubre de 2021, por tener un carácter no razonable o infundado. Además, el alto tribunal añadió otro argumento que sostenía esa decisión. El Constitucional determinó que a raíz del segundo estado de alarma el Congreso quedó "privado" y después se le "desapoderó" de "su potestad para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas" durante la prórroga de seis meses e insistió en que "quedó así cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma". En este sentido, subrayó que este control parlamentario, que está al servicio también de la formación de una opinión pública activa y vigilante, "no puede en modo alguno rehuirse durante un estado constitucional en crisis".