El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes la transposición de la directiva europea de derechos de autor que tiene como objetivo adaptarlos al entorno digital. La norma pretende "corregir los desequilibrios" que ha generado la aparición de nuevos intermediarios en el entorno digital con "grave perjuicio" para los titulares de derechos, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa este martes en el Palacio de la Moncloa. El decreto que transpone la directiva europea, canalizada a través del Ministerio de Cultura, reconoce un nuevo derecho conexo a favor de las editoriales de publicaciones de prensa y de las agencias de noticias que les permitirá llegar a acuerdos "justos" con los grandes agregadores de contenido en internet, como Google.

El decreto con entidad propia reconoce la titularidad de editores y autores de prensa con respecto a los usos en línea de sus publicaciones delante de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. La norma regula la actividad consistente en reproducir un fragmento de la publicación por parte de los agregadores, para la posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.

La negociación de las autorizaciones en los agregadores de contenidos para usar estos materiales se negociará directamente por parte de los editores de forma individual o a través de una entidad de gestión colectiva. En la práctica, pues, podrán negociar directamente con plataformas digitales como Google o Samsung la cesión y explotación de contenidos, como habían reclamado los medios digitales. Hasta ahora, esta potestad la tenía en exclusiva el Centro Español de Derechos Reprográficos. Este organismo impuso un canon digital en 2014 que hizo que Google News cerrara su división en el Estado español, en protesta contra la decisión.

Además, la normativa aprobada este martes también establece que los servicios de la sociedad de la información que tienen como finalidad principal permitir a los usuarios colgar y compartir obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, que posteriormente organizan y promocionan con fines lucrativos, necesitarán contar con una autorización del titular de derechos.

Esta transposición llega con retraso, ya que el plazo previsto para hacerlo expiró el 7 de junio de este año. La portavoz del ejecutivo Isabel Rodríguez ha afirmado que permitirá al Estado español "sumarse al contexto del resto de estados miembros" de la Unión Europea, que los contenidos digitales "ganen oportunidades" y dar respuesta "a una de las demandas del sector cultural del país".