El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de la rama de Sumar del Ejecutivo de coalición, se ha comprometido este jueves a aprobar esta legislatura vigente una prestación universal por hijo a cargo, una medida que, en sus palabras, hará que España "deje de ser una anomalía" en Europa y será "clave" en la transformación del modelo de cuidados. "Creo que el día que lo adoptemos y veamos los efectos que tiene sobre la vida de los ciudadanos de este país nos echaremos las manos al frente por no haberlo hecho antes", ha asegurado Bustinduy, desde la inauguración de la Asamblea General de la Plataforma de Infancia.
Ha sido precisamente el presidente de esta asociación, Carles López, quien ha propuesto al ministro de Derechos Sociales una "prestación por crianza". "Creemos que tiene que ser la medida social de esta legislatura", ha asegurado. Según López, esta política tiene que resolver un "problema estructural de nuestro sistema de bienestar". "España es el país de su entorno con una tasa de pobreza infantil más elevada, en España hay muchas familias que no pueden tener hijos por motivos económicos y creemos que siendo eso una anomalía se tiene que resolver", ha aseverado.
"Recojo el guante", ha resuelto Bustinduy, quien ha mostrado su preocupación por las "tremendas dificultades que enfrentan a las familias en el día a día en afrontar los costes de la vida y la crianza". "Eso se traduce en un reparto asimétrico de los cuidados y en una sobrecarga específica para las mujeres, enormes dificultes de conciliación e índices de pobreza infantil que no son aceptables para un país rico", ha lamentado. En esta línea, el ministro se ha mostrado convencido que la tramitación de la Ley de familias es "un primer paso" hacia la prestación universal por crianza, aunque ha subrayado que no quiere "hacer promesas grandilocuentes". "Mi promesa es trabajar en eso con toda la obstinación en que pueda", ha matizado.
Una "urgencia" y la "anomalía" de España con respecto a su entorno
No es la primera vez, sin embargo, que Bustinduy se pronuncia sobre esta posible prestación universal por crianza, en tanto que es una propuesta que ya hizo a principios de año. El ministro de Derechos Sociales ya afirmó en febrero, después de una reunión con la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), que España tiene que tener esta ayuda "de forma urgente". Si bien ya hay una prestación por crianza, en tanto que desde el nacimiento del bebé hasta los 3 años se deduce el IRPF y el Ingreso Mínimo Vital tiene complementos por menores al cargo, Bustinduy argumentó entonces que eso "no es suficiente" y abogó por, primero, subir la deducción hasta los 6 años, y, segundo, una prestación universal. No tenerla, asegura el ministro, es una "anomalía", ya que otros países del entorno sí que cuentan con esta medida. La primera de las medidas, la de ampliar la deducción del IRPF, ya se contempla en la Ley de Familias que prepara el ministerio de Derechos Sociales.
España es líder en pobreza infantil en Europa y en la OCDE
La realidad que hace "urgente" esta prestación es que España sigue siendo uno de los países con mayores índices de pobreza infantil entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y se sitúa en el puesto 36 de 39. Tal como indica un informe publicado el diciembre pasado por Innocenti, la oficina de investigación de UNICEF en materia de infancia, en la horquilla de 2014 a 2021 España se mantiene "estable" en el 28% de pobreza infantil, lo cual la deja en el puesto 36 de 39, solo por delante del Reino Unido, Turquía y Colombia. Entre 2019 y 2021 se sitúa también en el puesto 36, solo por delante de Rumania dentro de la UE, y en 2021 es el país europeo con la tasa de pobreza infantil más alta. El documento, que examina la evolución de la pobreza infantil entre estos dos años en los países más ricos, revela que la tasa de pobreza entre los niños del Estado ha aumentado ampliamente desde 2014 hasta 2021 en comparación con el resto de países de la UE. Se trata de una tasa de pobreza infantil "inaceptable" para un país como España, en palabras de Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España, según recoge la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.