El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Bustinduy, de la rama de Sumar del Ejecutivo de coalición, ha enviado un aviso por carta a las empresas españolas que operan en Israel de forma "destacada", para pedir que adopten las medidas y precauciones necesarias de acuerdo con el Derecho Internacional para evitar contribuir al "genocidio" de la población Palestina que está perpetrando el Ejército israelí con su ofensiva sobre la Franja de Gaza, que ya se ha cobrado la vida de cerca de 35.000 personas. Las cartas se empezarán a enviar este miércoles, según ha avanzado eldiario.es.
De esta forma, el ministerio que dirige Bustinduy quiere evitar que las actividades económicas de las empresas españolas que trabajan en la zona puedan contribuir de alguna forma a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Israel sobre los territorios palestinos. En este sentido, la carta insta a las empresas a transmitir al Gobierno evaluaciones o estudios propios sobre sus actividades y qué efectos podrían tener en materia de vulneración de derechos humanos, para las cuales consulten a expertos en la materia y con grupos potencialmente afectados.
Asimismo, según ha adelantado el citado diario, Bustinduy reclama a las empresas un rendimiento de cuentas: que expliquen qué medidas están adoptando para prevenir y evitar consecuencias negativas de su actividad económica sobre el conflicto que se está viviendo en Gaza. Además, el ministerio de Derechos Sociales insta a las empresas a informar con transparencia a los consumidores y ciudadanos que puedan hacer uso de sus servicios sobre sus actuaciones económicas en la zona, para que estos puedan decidir en consecuencia, en caso de que se pueda ser partícipe de alguna forma directa o indirecta en el conflicto.
Argumentación basada en la legalidad internacional
Como sustento de estas reclamaciones, el ministerio de Bustinduy da un repaso a la legislación española e internacional relativa a la actividad económica respetuosa con los derechos humanos, como los principios rectores de Naciones unidas, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos de 2017 o la resolución de la ONU A/HRC/RES/31/36 para que las empresas domiciliadas en Israel se abstengan de cometer o contribuir en violaciones de los derechos humanos contra palestinos. La misiva de Derechos Sociales también remite a la legislación europea en materia de transparencia y derechos de los consumidores a tener información sobre qué hay detrás de los bienes y servicios que pueden adquirir, para hacer un consumo consciente. Y, finalmente, la carta hace referencia también al proceso penal abierto en el Tribunal de La Haya, que el pasado enero instó explícitamente a Israel a abstenerse de propiciar un genocidio palestino.
Responde a la preocupación palestina
La carta, en parte, respondería a una reunión de Bustinduy con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que habría expresado al Gobierno su preocupación "por la vinculación de empresas europeas a actividades que puedan tener un impacto directo o indirecto en los territorios palestinos ocupados y en el genocidio en curso". "Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU", afirman fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.