La Generalitat, las cuatro diputaciones, las entidades municipalistas ACM y FMC, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han acordado este lunes una respuesta conjunta con la que pedirán a Endesa firmar un convenio de pobreza energética tras la carta que envió a 250 ayuntamientos.

"No aceptamos la amenaza, y el primer punto de partida es retirar esta amenaza", ha dicho este lunes en rueda de prensa el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, tras reunirse con estas administraciones y entidades sociales: han acordado enviar una carta a Endesa y a los ayuntamientos recordando que la ley catalana impide, con sanciones, cortar suministros a personas vulnerables.

"Los ayuntamientos nos han hecho llegar el malestar por las formas en la que han recibido esta carta" del 1 de agosto, tanto por el tono del texto como por el momento, después de unas elecciones y con consistorios nuevos en muchos casos.

Según El Homrani, dedujeron de la carta que el 1 de octubre se cortarían los suministros a estas personas si los consistorios no pagaban la mitad de la deuda acumulada, de 21 millones de euros en total: "El 1 de octubre no se puede cortar la luz" de ninguna forma, ha dicho.

Respuesta unitaria

La respuesta unitaria parte de que "el ámbito de debate y el terreno de juego" es la Ley catalana de la pobreza energética y la emergencia habitacional --aprobada en 2015 tras una ILP--, y apostando por un convenio marco que quieren que firmen todas las empresas de suministros, como señalarán en la carta conjunta de respuesta, aunque no han entrado todavía en porcentajes.

"La Generalitat no permitirá ningún corte de suministros a familias con un informe de vulnerabilidad", ha reafirmado El Homrani, que ha añadido que mantendrán las conversaciones en una mesa de trabajo periódica, y, a preguntas de los periodistas, ha recordado que ya se han aplicado sanciones por cortes.

Ha recordado que tanto los entes municipales como la Generalitat han hecho frente a deudas de muchas familias vulnerables, con más de 26 millones de euros desde 2015, tanto a través de contratos programas como con ayudas directas, por lo que han expresado su "absoluto enfado" ante la carta.

En 2017 la Generalitat propuso un convenio pero las empresas de luz y gas no firmaron, aunque sí lo hicieron las de agua, y El Homrani ha añadido que la Conselleria de Empresa está trabajando en los últimos meses en avanzar hacia convenios nuevos: "El planteamiento de 2017 era de 2017; han variado las circunstancias".