La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas planteadas por Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir y no dejará en suspenso su expulsión del Estado decretada por el Secretario de Estado de Seguridad. Los dos fueron detenidos el martes aunque ya hacía semanas que avisaban que el Estado les quería expulsar. En el caso de Said Badaoui, se le denuncia por sus postulados "radicales a favor del yihadismo" y su tarea adoctrinadora en este sentido en el área de Tarragona. En dos resoluciones, la sala contenciosa rechaza las cautelares porque en la valoración de los intereses en conflicto considera que tienen que prevalecer los de carácter general enfrente de las circunstancias personales de los recurrentes.
La resolución que rechaza suspender la expulsión de Said Badaoui subraya que el origen del orden de detención es una denuncia de la Comisaría General de Información que revela el "radicalismo ideológico" del recurrente, con "adoctrinamiento en su comunidad y difusión de postulados radicales proyihadistas, siendo uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo". Además, añade que "predica con una influencia tal que desde su llegada se ha producido una aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso".
El informe de la policía destaca, además, que la actuación de Said Badaoui se ha centrado especialmente en los colectivos más vulnerables, "prestando especial atención a los menores, en concreto en los menores no acompañados, principalmente de origen marroquí, adoctrinándolos en el salafismo más radical aprovechándose de su situación de vulnerabilidad". También apunta que tiene "vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo" y ha llevado a cabo prácticas "de fomento del victimismo y la occidentalofobia".
El apoyo del Parlament
Precisamente este miércoles, la Junta de Portavoces del Parlamento aprobó una declaración para mostrar su apoyo al activista Mohamed Said Badaoui, que hacía más de 30 años que residía en Reus. Al texto que aprobó la Junta con el apoyo de ERC, Junts, la CUP y los comuns denuncian su detención, aseguran que es víctima de "la represión política y la islamofobia del Estado" y creen que el procedimiento ha estado "irregular". Además, critican que los motivos alegados son "infundados" y que se lo acusa sin pruebas, sino en base a "suposiciones". En la misma línea, apunta que no se ha iniciado ningún procedimiento judicial para presentar y evaluar pruebas de las sospechas y por lo tanto constatan que se ha vulnerado sus derechos fundamentales. Concretamente, señalan que se ha vulnerado varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque se lo ha condenado sin juicio público, se ha cometido un ataque contra su reputación y honor y se ha vulnerado su derecho a escoger residencia. Los grupos que impulsan la iniciativa critican la ley de extranjería y sus "procedimientos opacos" y han instado al Gobierno a "activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas" para velar por el respeto a los derechos fundamentales de los afectados por esta norma. Además, han reiterado que hay que derogar la ley de extranjería, como el Parlament ha aprobado en varias resoluciones.