La Universitat de Barcelona (UB) ha apartado 18 meses al profesor denunciado por acoso sexual, a raíz de la instrucción que ha llevado a cabo durante diez meses después de que la justicia no admitiera la denuncia de una de las víctimas. A finales de febrero, el docente ya fue suspendido cautelarmente, después de que una alumna publicara un comunicado en las redes sociales explicando los supuestos hechos, que ella misma comunicó a la Unidad de Igualdad de la universidad y denunció a los Mossos d'Esquadra en septiembre de 2023.
Concretamente, la UB lo ha suspendido 18 meses de empleo y sueldo para aprovechar su posición de funcionario para conseguir favores sexuales de una alumna. Se le acusa de una infracción "muy grave" de prevalencia de su condición de funcionario para obtener un beneficio indebido, según han explicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press.
Relaciones sexuales con una alumna
Una vez la justicia archivó el caso, la universidad inició una instrucción interna que ha durado diez meses y que ha contado tanto con la aportación de pruebas como la versión de hasta quince testimonios: debe por parte del docente y cinco de la denunciante, incluida una profesora que "era conocedora de los hechos". La instrucción —de 190 páginas— ha determinado que el docente se aprovechó de su posición para mantener relaciones con una alumna, además de otra infracción muy grave (acoso sexual) y otra grave (abuso de autoridad). Estas últimas infracciones no han sido consideradas en el expediente porque la justicia las había archivado.
Las mismas fuentes destacan el código ético de la institución, que tilda de "mala praxis" las relaciones afectivas entre docentes y alumnos. A partir de la denuncia inicial, otras siete mujeres denunciaron por los mismos canales hechos "muy similares", aunque dos de las denuncias ya habían prescrito porque habían pasado tres años y, por lo tanto, no se incluyeron a la instrucción.
A la espera de recurso ante un juez
La propuesta inicial de sanción por parte de la UB era de tres años sin sueldo ni trabajo, pero el docente presentó alegaciones que se aceptaron parcialmente y la cifra bajó hasta los 18 meses. En cualquier caso, como la universidad lo apartó de sus funciones cuando conoció los hechos, ya han transcurrido los 18 meses de sanción y podrá volver a trabajar cuando se haga efectiva. Sin embargo, el docente tiene dos meses para presentar recurso ante un juez y un mes para hacerlo ante el rector. Además, en caso de que se haga efectiva la sanción, se tendrá que resolver la cuestión relativa al cobro del sueldo, porque él ha cobrado mientras estaba apartado cautelarmente.
El juzgado de instrucción acordó en octubre de 2023 la no admisión de la denuncia —en la cual se acusaba el docente de un delito de agresión sexual, un delito de acoso sexual y un delito continuado de abuso continuado de función pública— porque entendió que los hechos no constituían infracción penal, pero la alumna presentó recurso de reforma primero y de apelación después ante la sección tercera de la Audiencia. Según este tribunal, "en la resolución ahora apelada se justificaba de forma suficiente la inexistencia de conducta cualquiera en los hechos relatados en la denuncia que permita suponer que se dan los elementos típicos de ninguno de los delitos en los cuales se refiere el recurso". Además, consideró que el hecho de que el denunciado fuera el profesor de la denunciante y la diferencia de edad entre ambos "no implicaba por él mismo ninguna situación de superioridad cuando esta era mayor de edad y en el relato se expresa que fue ella la que buscó en numerosas ocasiones el acercamiento y la relación personal con el denunciado".