La Fiscalía Provincial de València ha presentado una denuncia a los juzgados de instrucción contra Daniel Esteve, fundador y cara visible de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa. El Ministerio Público considera que sus publicaciones en las redes sociales contienen expresiones “claramente discriminatorias” y que pueden constituir un delito de incitación al odio y otro contra la integridad moral.

Según recoge el decreto de la Fiscalía, Esteve habría difundido mensajes que asocian inmigración y delincuencia, a menudo basados en informaciones falsas o manipuladas. Entre los ejemplos aportados, aparecen frases como “Debilitamos a la Policía, dejamos entrar los que dejamos entrar y se están cargando a nuestros niños. Os cagaréis. Anchoa que se cruza en nuestro camino, anchoa en la plancha” o “Barcelona, carretera de Sants, un árabe afilando su herramienta de trabajo para salir a trabajar. A ver, tiene que hacer su trabajo: pinchar, resquebrajar”. La Fiscalía subraya que estas expresiones podrían influir en la opinión pública y generar rechazo social hacia un colectivo vulnerable. Por eso, ha pedido a la Brigada de Información de la Policía Nacional que identifique el lugar|sitio de emisión de los mensajes e investigue si se trata de una conducta aislada o reiterada, así como el alcance de su difusión.

La denuncia llega a raíz de una iniciativa de la organización Acción Contra el Odio (ACO), que ya había puesto en conocimiento de la justicia la difusión de mensajes que consideran racistas y basados en bulos. La entidad celebra ahora la decisión del Ministerio Fiscal. Su directora, la abogada Pastora Filigrana, defiende que “es necesario acabar con la impunidad con que profieren estos discursos de odio, que no pueden estar amparados en la libertad de expresión.” En la misma línea, el vicepresidente de ACO y miembro de su equipo jurídico, Joaquín Urías, destaca la importancia de que por primera vez una fiscalía señale la creación deliberada de noticias falsas para fomentar el odio como posible delito.

Esteve podría enfrentarse a penas de prisión de entre uno y cuatro años si los tribunales consideran que ha vulnerado el artículo 510 del Código Penal, que tipifica los delitos de incitación al odio y la discriminación.