Novedades en el caso de Julio Iglesias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dicidido archivar las diligencias de investigación contra Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe, informa la agencia Europa Press este viernes. En un decreto de archivo, el Ministerio Público toma esta decisión destacando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".
Dos antiguas trabajadoras, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. La publicación de la investigación provocó un escándalo mediàtico y ha puesto Iglesias en el ojo del huracán.
Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, tuvieron lugar en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años. Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.
Decisión no recurrible
Fuentes jurídicas han explicado que esta decisión no es recurrible. En la resolución, el Ministerio Fiscal explica a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales". La Fiscalía recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo".
El decreto recuerda que, aunque el delito de trata de seres humanos -uno de los denunciados- se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país.