La fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, ha pedido a las administraciones competentes que faciliten una herramienta de inteligencia artificial (IA) que permita saber rápidamente si un ladrón acumula otras condenas y, así, determinar si puede ser juzgado por un delito menos grave, con pena de prisión, y no solo por un hurto leve, que solo comporta una multa. En una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN), Pujal explica que esta herramienta informática podría comprobar si el detenido ya tiene al menos tres condenas previas y firmes por hurto, que entre todas superen los 400 euros y que sean computables. Eso permitiría juzgarlo por el cuarto hurto como si se tratara de un delito menos grave, una categoría penal superior al hurto leve y que puede comportar prisión. Para hacerlo, la herramienta de inteligencia artificial comprobaría la fecha de inicio del cumplimiento de cada pena, que no se haya interrumpido por otras condenas y otros factores que complican el cálculo.
Esta petición que hace la fiscal jefe de Barcelona al Departament de Justícia, al ministerio español o a la fiscalía general se conoce dentro del ámbito jurídico como la "calculadora electrónica de la multirreincidencia". Esta "calculadora" también estaría disponible para los juzgados y los cuerpos policiales. Así, podrían saber de manera inmediata si una persona detenida por un hurto leve, que en principio tendría que ser juzgada en un juicio inmediato en el juzgado de guardia, puede, en realidad, ser juzgada por un delito menos grave. En este caso, el procedimiento cambiaría y se haría un juicio rápido ante un juzgado de lo penal, que puede imponer una pena de prisión.
Según Pujal, este paso que haría la inteligencia artificial reduciría el 12,6% de los juicios leves suspendidos por falta de información, ya que, con la herramienta de IA, antes de señalar la vista ya se sabría si este arrestado puede ser juzgado de forma inmediata o rápida. Al mismo tiempo, los huecos horarios que dejarían los juicios inmediatos por delitos leves, cuando estos pasen a ser tratados como juicios rápidos por delitos menos graves, permitirían programar más juicios inmediatos. Eso ayudaría a reducir los retrasos acumulados en la justicia. Este mecanismo también agilizaría y haría más eficiente el trabajo a policías, jueces, fiscales y funcionarios.
Endurecer el Código Penal
La fiscal jefe alerta que algunos delincuentes conocen la legislación española y lo aprovechan para cometer delitos como hurtos, robos con violencia, ocupaciones, fraude eléctrico o cultivo de marihuana, que aquí tienen penas más leves que en otros países europeos. Por eso, propone endurecer el Código Penal, por ejemplo, castigando más duramente el fraude eléctrico cuando sirva para plantaciones de marihuana, o adaptando las penas de los robos violentos según el valor del objeto robado. También da apoyo a aumentar las penas de los hurtos de móviles con datos delicados, más allá de su valor económico. En materia de ocupaciones, avala que los juzgados de guardia puedan ordenar desalojos cautelares. Y en delitos sexuales menos graves, defiende que se juzguen por la vía rápida para evitar dilaciones y reducir la revictimización.
Más funcionarios y más fiscales
Por otra parte, Neus Pujal, avisa de que los tribunales están saturados por una alta carga de trabajo y pide más funcionarios y fiscales para asumir el incremento de trabajo que suponen los refuerzos judiciales para luchar contra la multirreincidencia en Barcelona. La fiscal alerta que en toda la demarcación de Barcelona faltan una veintena de fiscales más y que todos sean titulares, además, fuera de la capital catalana también ha alertado de que en los juzgados de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) se necesitan cuatro o cinco más. Pujal ha aprovechado para denunciar que el último incremento de fiscales en toda la provincia fue de solo tres. También defiende que la fiscalía adopte el nuevo modelo de organización judicial, con equipos de funcionarios compartidos entre jueces de un partido judicial, para afrontar el incremento de casos. En este marco, ha impulsado un área especializada con siete fiscales, ha reforzado la protección de víctimas, los juzgados de instrucción y ha incorporado a un fiscal delegado de consumo, para defender los derechos de los consumidores.