El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona ha dado por bueno el acuerdo al que han llegado la asociación El defensor del paciente en Catalunya y la aseguradora Relyens, responsable civil del Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona. El acuerdo obliga a la compañía a indemnizar con 58.500 euros a los tres hijos de una paciente que murió tras sufrir una grave complicación derivada de la colocación de un catéter venoso central en el año 2022. La mujer, de 73 años, había sido derivada al Trueta desde el centro hospitalario de su localidad el 22 de noviembre de 2022. Según consta en el auto judicial, la paciente llegó al servicio de Urgencias para ser valorada y sometida a una intervención quirúrgica relacionada con su diagnóstico inicial. Los primeros días de hospitalización transcurrieron aparentemente de forma correcta, e incluso sus familiares fueron informados de una evolución favorable.
No obstante, la situación dio un giro inesperado el 24 de noviembre. Aquel día, la paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria súbita, que obligó al equipo médico a activar de manera inmediata las maniobras de reanimación. Los esfuerzos, que se prolongaron unos quince minutos, lograron revertir la parada y recuperar las constantes vitales de la mujer. Tras este episodio, se le practicó un TAC para aclarar el origen del colapso. La prueba reveló una complicación grave: el catéter venoso central que se le había colocado había perforado el ventrículo derecho del corazón, una situación crítica que requería una actuación urgente. Los profesionales la intervinieron de nuevo con el objetivo de reparar el daño cardíaco, pero su estado se fue deteriorando progresivamente. A pesar de los esfuerzos médicos posteriores, la paciente acabó falleciendo el 30 de noviembre de 2022. El informe final concluyó que la causa directa de la muerte no fue la patología por la que inicialmente había sido ingresada, sino la lesión provocada por el catéter.
Ante estos hechos, la familia recurrió a El defensor del paciente y se inició un proceso de reclamación por mala praxis. El acuerdo alcanzado con la aseguradora y homologado por el juzgado pone punto final al procedimiento judicial y establece una compensación económica que, según la asociación, reconoce el daño causado y la responsabilidad derivada del procedimiento médico. Con esta resolución, los tres hijos de la víctima recibirán una indemnización global de 58.500 euros, una cantidad que pretende compensar, en parte, la pérdida de su madre y las circunstancias que rodearon su muerte.