La exconsellera de Salut Alba Vergés (ERC) fue la única responsable de detener parcialmente la vacunación de la covid-19 a los agentes de la policía española y de la Guardia Civil destinados en Catalunya en marzo de 2021. Así lo ha declarado la entonces subdirectora general de Promoción de Salut, Carmen Cabezas, este lunes en la Audiencia de Barcelona, en una nueva sesión del juicio contra los exconsellers Vergés y Josep Maria Argimon (Junts) y tres excargos de Salut por el delito de prevaricación. Cabezas ha exculpado totalmente al que era su superior, Argimon, entonces secretario de Salut Pública y que, posteriormente, sustituyó a Vergés como conseller de Salut. Cabezas ha explicado el contexto “difícil” de aquel momento en plena pandemia, que sobre todo morían personas mayores de 60 años y que no tenían vacunas para cubrir las 500.000 personas de este colectivo en Catalunya. Ha recordado que la inmunización se detuvo el 15 de marzo por orden ministerial cuando la vacuna AstraZeneca dio problemas de salud, como trombosis. Cuando se permitió volver a vacunar, se cambió la estrategia por edades y se priorizó la inmunización de mayores de 60 años. Entonces, el 24 de marzo, la consellera Vergés ordenó vacunar solo a los mayores de 60 años, incluidos los de los cuerpos policiales españoles. “Había que continuar la vacunación de los colectivos esenciales”, ha asegurado Cabezas en el juicio, que contestó a Salut porque ya estaban programados; incluía policías y maestros.
La prueba de señalar a Vergés son tres WhatsApp que Judit Viñals, jefa del gabinete de la exconsellera, envió entre el 22 y 24 de marzo de 2021 a Cabezas, que estuvo investigada por este caso y cuya defensa aportó estos mensajes al juzgado para aclarar que no era una decisión de Salut Pública, como dijo uno de los investigados. Finalmente, se archivó la causa contra Cabezas, además de fijar la imputación de la entonces consellera republicana. Los tres de los mensajes decían: “La consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”; “Carmen, hablado con HC y SC, no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65", refiriéndose a Honorable Consellera (HC) y Secretario General (SG), y “otra vez la consellera me pide parar la Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar”.
Ninguna intencionalidad de Vergés
En el juicio, Viñals ha explicado que se había celebrado una interterritorial de Salut y que se había cambiado el criterio de vacunación a uno por edad, y cuando dijo “no podemos argumentarlo”, era que si continuaban vacunando a los policías españoles jóvenes, los otros esenciales se podrían quejar porque también se les había parado. El abogado de Vergés, Mariano Bergés, ha preguntado a Viñals si la exconsellera dio una orden de “relegar” la vacunación a los cuerpos de la Policía y de la Guardia Civil, y la respuesta ha sido: “No”. También ha aclarado que la vacunación de estos colectivos tenía “una operativa diferente” porque los agentes no iban a los centros de salud a vacunarse, sino a los centros policiales.
La jefa de gabinete de Vergés ha contestado que “no lo recuerda”, cuando la penalista Olga Tubau le ha preguntado si en este “hemos acordado” incluía a Argimon. No obstante, ha admitido que cuando hablaba con Cabezas, si Argimon, que era su superior, supiera el acuerdo de Salut, se lo habría comunicado o le habría dicho “habla con Argimon”, le ha indicado la abogada.
“Eran meros ejecutores materiales”
En el juicio, también ha declarado Sara Manjón, directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, que también estuvo investigada, y ha exculpado a Adrià Comella, exdirector del CatSalut, al asegurar que ejecutaban lo que resolvía el Departament de Salut. En su interrogatorio, el presidente del tribunal, el magistrado José Manuel del Amo, le ha afirmado: “Entendemos que eran meros ejecutores materiales”. Una afirmación claramente exculpatoria, aunque el presidente ha indicado que no avanzaba ninguna decisión del tribunal. Los otros dos excargos de Salut que son juzgados son: Marc Ramentol, exsecretario general del Departament de Salut, y Xavier Rodríguez, director de Servicios del Departament de Salut, que se coordinaba con los responsables policiales para vacunar a los agentes.
La exdelegada del Gobierno defiende Salut
Por su parte, la exdelegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha quitado importancia a la polémica del retraso de vacunación de agentes de la Policía española y de la Guardia Civil destinados en el país en 2021, en el juicio. “Mi objetivo era que se vacunara a los agentes de la policía y de la Guardia Civil, no las comparativas, que salían en la prensa”, ha declarado Cunillera al ser preguntada si exigió explicaciones de por qué el Departament de Salut ordenó detener la vacunación de los cuerpos estatales si no eran mayores de 60 años. “Había desajustes, pero voluntad de vacunar”, ha contestado la exdelegada cuando los sindicatos policiales, como acusación popular, y la fiscal le han insistido en preguntar si recibía quejas de los policías ante el retraso y el reducido porcentaje de vacunación de los cuerpos policiales estatales respecto al de los Mossos d'Esquadra.
Los sindicatos policiales presentaron una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el 27 de abril de 2021 ordenó hacer una vacunación masiva a los 3.000 agentes policiales españoles pendientes de inmunizar (había unos mil vacunados), que se cumplió y, pocos días después, se completó a todos los agentes españoles destinados en Catalunya. La respuesta de Cunillera coincide con la de los dos coordinadores de la Policía española y de la Guardia Civil que en el juicio aseguraron que había buena voluntad de Salut para vacunar a los agentes, y que les entregaron los censos de los agentes entre marzo y abril de 2021. El juicio continúa este martes con las periciales y el viernes, la declaración de los cinco acusados.