Los juzgados hace años que continúan colapsados en Catalunya y en el Estado español e incumplen el derecho de tutela judicial por su respuesta tardía a la ciudadanía. Además de la reforma estructural, aplicada con la ley de eficiencia 1/2025, ahora se plantea la aplicación en los juzgados de la automatización basada en inteligencia artificial, que para algunos es la panacea para todos los ámbitos laborales, a pesar de que ya hay gritos de alerta de no dejar todo el control a los algoritmos. En Catalunya, se han iniciado pruebas piloto y estudios. Inteligencia artificial y automatización de la Administración de Justicia es uno de los últimos estudios que recoge propuestas para la administración catalana, que tiene delegadas una parte de la gestión y organización judicial. El reconocido catedrático Jordi Nieva Fenoll comparte la investigación con Maria Núria Borràs Andrés, Constantino Cabrerizo Asencio, Miquel Julià Pijoan, Sonia Cano Fernández.
En el estudio, que ha recibido una ayuda de investigación del Centre d'Estudis Jurídic i Formació Especialitzada (CEJFE) y se ha publicado este año, hace un repaso de la legalidad vigente. De forma exhaustiva expone e interpreta la normativa en vigor y recuerda que la normativa procesal es competencia del Estado español. A pesar de este corsé, los autores aseguran que "hay un espacio de grises", de competencias entre administraciones, y que el Govern podría desarrollar y aplicar IA en los juzgados con la clara finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía. En concreto, los autores fijan "la distinción" entre digitalización, automatización e inteligencia artificial, analizan el marco competencial catalán, del cual —aseguran— que "permite desarrollar sistemas informáticos respetando la legislación procesal estatal", e introducen el concepto de "derecho computable".
Catalunya tiene que espabilar
El estudio insiste en que el Estado ostenta la titularidad exclusiva sobre la función jurisdiccional, la legislación procesal y el gobierno del Poder Judicial, mientras que la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con su Estatuto y la doctrina constitucional, ejerce competencias sobre los medios personales no judiciales, los medios materiales y la organización de la oficina judicial, incluyendo la implantación y gestión de los sistemas informáticos.
Se indica que Catalunya ha priorizado el establecimiento de un marco estratégico y ético propio —basado en la Estrategia Justicia Digital 2030—, que garantiza un despliegue responsable y compatible con el marco estatal. "El reto inmediato es avanzar hacia proyectos concretos de aplicación práctica e interoperable, que permitan aprovechar plenamente sus competencias en medios materiales y sistemas informáticos para consolidar una justicia más accesible, eficiente y tecnológicamente avanzada", manifiestan. También aseguran que Catalunya debe espabilar en la implantación de IA segura, ya que no tiene ningún modelo actualmente comparable a la eficacia de la herramienta implantada por el Ministerio de Justicia en las comunidades que no tienen competencias delegadas.
Los investigadores concluyen que "la eficacia" de la inteligencia artificial depende de la naturaleza de las tareas que se le encomiendan. "Esta tecnología alcanza los mejores resultados en contextos cerrados, estructurados y estables —como el reconocimiento documental, la clasificación de asuntos o la extracción de información—, mientras que presenta limitaciones notables en actividades abiertas o interpretativas, como la valoración de pruebas o la decisión jurisdiccional". En consecuencia, afirman que el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, de momento, "debe concentrarse en funciones de apoyo y gestión, evitando su aplicación en ámbitos donde afecte la discrecionalidad o la independencia judicial". De apoyo, especialmente al letrado de la Administración de Justicia.
También se deja claro que "ningún sistema automatizado puede sustituir al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional", cosa que incluye no solo las sentencias y autos, sino también todas aquellas decisiones que impliquen una valoración jurídica o una ponderación de intereses jurídicos. "Los sistemas pueden preparar propuestas, ofrecer información o incluso generar borradores, pero la decisión final debe corresponder siempre al titular del órgano judicial", declaran.
Finalmente, detallan cinco procedimientos judiciales donde se podría aplicar la IA. Son:
El procedimiento monitorio
El procedimiento monitorio, regulado en los arts. 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y que se centra en la reclamación de deudas dinerarias vencidas y exigibles, ha sido identificado por diferentes autores como uno de los ámbitos más adecuados para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito procesal, exponen los autores. La razón de esta idoneidad radica en la propia configuración del procedimiento: simplicidad estructural, su clara delimitación normativa y su regulación breve pero precisa. Las normas que lo integran presentan un alto grado de claridad y no ofrecen problemas interpretativos destacables, hecho que lo convierte en un modelo procedimental de una gran estabilidad y previsibilidad (asimilable a un sistema cerrado).
Se expone que esta simplicidad se evidencia en dos elementos esenciales: no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador y su funcionamiento se vehicula a través de impresos y formularios normalizados. A estos elementos se añade el hecho de que el procedimiento se basa en la valoración de la apariencia jurídica de la deuda reclamada, función que corresponde al letrado de la Administración de Justicia. Esta tarea consiste, esencialmente, en verificar la existencia de un principio de prueba suficiente que acredite una deuda líquida, determinada, vencida y exigible. En consecuencia, su naturaleza es más próxima a una actividad de comprobación y validación formal que a un ejercicio de argumentación jurídica o de valoración probatoria, hecho que refuerza su aptitud para la implementación de las tecnologías objeto de este trabajo, razonan.
Recuerdan la relevancia cuantitativa del procedimiento monitorio dentro de la actividad judicial. En el año 2024 se presentaron 1.145.593 procedimientos monitorios en todo el Estado español, de los cuales 155.549 corresponden a Catalunya. Por ello, se indica que en la fase de control es plenamente compatible con el desarrollo actual de la clasificación automática de documentos mediante algoritmos de aprendizaje automático (machine learning). Además, analizan su aplicación en todo el procedimiento.
El divorcio de mutuo acuerdo
La automatización y la inteligencia artificial también pueden ser de utilidad para la tramitación de las separaciones o divorcios tramitados de mutuo acuerdo y sin hijos. Se recuerda que en este tipo de procedimientos, los cónyuges manifiestan su voluntad común de suspender o extinguir el vínculo matrimonial, sin que concurra ninguna situación de conflicto o desavenencia. Esta configuración provoca que el elemento nuclear del proceso sea la ratificación del convenio regulador por parte de los cónyuges.
Así, explican que este procedimiento no está encaminado a resolver una controversia entre partes —ya que no la hay—, sino a verificar la concurrencia de una serie de requisitos legales establecidos por el ordenamiento jurídico y la conformidad del convenio con el ordenamiento jurídico. También recuerdan que este procedimiento tiene una relevancia social evidente, que las estadísticas corroboran: de los 82.991 divorcios que hubo en 2024, 66.241 fueron no contenciosos. En Catalunya en el año 2024, hubo un total de 13.852 divorcios y 526 separaciones.
Los investigadores aseguran que esta tarea de control podría ser perfectamente encomendada a un sistema automatizado de reconocimiento y clasificación de documentos basado en inteligencia artificial.
El desahucio por falta de pago
El tercer procedimiento que podría ser ayudado con una IA es el de desahucio por falta de pago, concebido como un mecanismo ágil de tutela posesoria que permite al propietario recuperar la finca arrendada cuando el arrendatario incumple su obligación principal: el pago de la renta. Esta configuración sumaria implica una limitación de las alegaciones y de la prueba. También apuntan al "impacto social relevante" de estos casos en el Estado español: durante el año 2024 se registraron 13.520 desahucios de vivienda, de los cuales aproximadamente el 87,6 % fueron consecuencia de la falta de pago del alquiler. En este contexto, cabe destacar que Catalunya continúa siendo el territorio con un número más elevado de desahucios de vivienda de todo el Estado.
El procedimiento concursal de persona física y segunda oportunidad
El concurso de persona física y el mecanismo de segunda oportunidad constituyen uno de los procedimientos judiciales con mayor proyección social y económica en el Estado español y, sobre todo en Catalunya. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2024 los concursos de personas físicas sin actividad empresarial sumaron 11.075 y los estudiosos también indican que su procedimiento cerrado es fácil de pautar con IA.
Reclamación a las aerolíneas
Finalmente, se propone usar la IA en el procedimiento de reclamación contra compañías aéreas, que actualmente provoca una avalancha de demandas de ciudadanos, que no reciben una respuesta en tiempo deseable, a pesar de los refuerzos de los juzgados. Como es el caso de los juzgados de Barcelona y El Prat. Se precisa que su regulación uniforme en el ámbito europeo "establece derechos y compensaciones estandarizadas que eliminan gran parte de la discrecionalidad interpretativa". Se trata —indican— de reclamaciones basadas en hechos objetivos (el vuelo se retrasó X horas, se canceló, el equipaje no llegó), con documentación estandarizada (billetes electrónicos, tarjetas de embarque, etiquetas de equipaje) y soluciones predeterminadas por la normativa. No requieren valoraciones complejas sobre daños morales o perjuicios especiales, sino la aplicación mecánica de baremos establecidos.
En cuanto a la relevancia cuantitativa de este tipo de procedimientos, resulta nuevamente "incuestionable", afirman los autores. Según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), solo en 2024 se gestionaron más de 20.000 reclamaciones relacionadas con incidencias de transporte aéreo en España. Indican que los usuarios deben hacer un periplo, donde primero deben reclamar a la compañía y luego ir al juzgado. Añaden que las compañías tienen grandes bufetes de abogados utilizando algoritmos que verifican automáticamente los requisitos, calculan las compensaciones y generan la documentación necesaria. "Si el sector privado puede hacerlo, con mayor razón la Administración de Justicia debería disponer de herramientas parecidas para ofrecer este servicio directamente a los ciudadanos", concluyen.
Recomendaciones
Además de los estudios, también hay pruebas piloto de IA en marcha en los juzgados catalanes. El magistrado Ignasi Fernández de Senespleda, titular del juzgado Mercantil 10 de Barcelona, y la investigadora Mireia Artigot explicaron a este diario una iniciativa pionera probada por los juzgados de Barcelona, con el consenso del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
Los autores del estudio recuerdan que el marco estratégico catalán se concreta en la Estratègia Justícia Digital 2030, presentada por el Departament de Justícia con una dotación de 44 millones de euros procedentes de fondos europeos. Esta estrategia representa "un ejercicio de planificación consensuado con los operadores jurídicos para transformar la Administración de Justicia en una Administración plenamente digitalizada". Entre los proyectos piloto destaca el sistema de gestión en la nube de las presentaciones apud acta penales, que incorpora identificación biométrica y permite la presentación sin necesidad de presencia de un funcionario. No obstante, los investigadores aseguran que "este proyecto, a pesar de su innovación, no llega al nivel de complejidad de los sistemas de inteligencia artificial implementados en el ámbito estatal".
En concreto, se afirma que en el caso paradigmático en España se ha implementado en la automatización de los procedimientos monitorios, que representan hasta el 60% de los asuntos ingresados en la jurisdicción civil, con 1.145.593 asuntos ingresados en 2024. En las zonas en las que se ha llevado a cabo la implementación experimental de esta herramienta (en comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Administración de Justicia), la automatización ha logrado reducir en más de un 70% los tiempos de registro de los asuntos monitorios civiles, pasando de una media de 17 días a solo uno o dos días desde su recepción. Desde su puesta en marcha en 2023, se han realizado cerca de 163.000 operaciones automatizadas, moviendo más de 170 millones de euros y generando un ahorro de más de 31.000 horas al personal tramitador, equivalente a cerca de 470.000 euros.