La educación catalana no acaba de salir adelante del todo todavía con la lengua y con las matemáticas, los talones de Aquiles que señalan indicadores internacionales como las pruebas PISA, las PIRLS o TIMSS. El Anuario de la Educación en Catalunya 2026, informe que realiza anualmente la fundación Equitat.org —la antigua Fundació Bofill— para ofrecer un diagnóstico del estado de la educación catalana, señala que crece el número de alumnos con "niveles bajos", situándose en un 15,8% en catalán y en un 17,5% en las matemáticas. El informe avisa de que las desigualdades entre alumnos y los malos resultados se "cronifican" y que hacen falta más recursos y más financiación para hacerles frente.
Equitat.org avisa en su último Anuario de que los resultados no han mejorado y esto acaba produciendo "un estancamiento, o incluso retroceso," de los indicadores principales de progreso de los alumnos. El informe asegura que buena parte se explica por el peso del origen social y las desigualdades entre alumnos. Ante esto, la antigua Bofill insiste en la necesidad de invertir más recursos, especialmente en los centros con una composición social más vulnerable en las aulas. Equitat sostiene que hace falta "replantear profundamente" el sistema educativo catalán y sus políticas para atacar los problemas "de financiación, de ineficiencia y de falta de prioridades que arrastra".
El informe explica que estos resultados están en sintonía con los obtenidos en las pruebas de finales de etapa que se hacen en Primaria y ESO. En conjunto, en 2025 las puntuaciones en estas pruebas en 6º de primaria y 4º de ESO no recuperaron los niveles prepandémicos, y el porcentaje de alumnos en el nivel más bajo de competencias se "cronifica" y crece. En Primaria, señala el Anuario, este porcentaje ha pasado del 12,3% al 15,8% en catalán entre 2021 y 2025; y del 14,9% al 17,5% en matemáticas. Con respecto a la caída de entre 30 y 40 puntos en PISA —equivalente a cerca de un curso académico— entre 2015 y 2023, Equitat sostiene que no ha habido una respuesta eficiente a la caída en Catalunya, "mientras Estonia, Irlanda, Finlandia o Quebec se recuperan a partir del apoyo al alumnado más vulnerable".
Equitat.org también avisa de la persistencia del abandono escolar. El Anuario explica que, después de dos décadas, se ha estancado el número de catalanes con estudios obligatorios y postobligatorios. La graduación de la ESO ha bajado del 93% al 87% entre 2020 y 2024 y vuelve a estar a niveles de 2013; y los jóvenes con estudios secundarios postobligatorios no superan la barrera del 80%. Asimismo, el anuario revela que la tasa de idoneidad a quince años —es decir, el porcentaje de alumnos de esta edad que están matriculados en el curso que teóricamente les corresponde, que es 4º de ESO— ha dejado de mejorar desde el 2021-2022 (86%). Tampoco lo hace la escolarización a diecisiete años (87%). La tasa de abandono escolar (13,5%) y la de jóvenes con estudios superiores (58%) también continúan estancadas.
Una cuestión de desigualdad social: "Quién eres y de dónde vienes explica tus resultados"
La diferencia en PISA 2022 entre los alumnos ricos y los pobres era equivalente a tres cursos de desnivel entre unos y otros, una desigualdad claramente superior a la media de la OCDE. Según el informe, esta crisis de resultados se explica "sobre todo por las desigualdades sociales y la incapacidad del sistema para corregirlas". El peso que tiene el origen social en el aprendizaje y las trayectorias educativas es clave y, por ejemplo, el alumnado más pobre abandona casi siete veces más (25,3%) que el más rico (3,8%). "Quién eres y de dónde vienes explica tus resultados", resume la directora de investigación de la fundación, Mònica Nadal. Además, Equitat.org apunta que el abandono del alumnado más pobre ha incrementado de 21,8% a 25,3%. Según la nacionalidad, el abandono prematuro se eleva al 32,5% entre los jóvenes de origen extranjero, y se mantiene en el 10,1% entre los españoles.
"El sistema es incapaz de adecuarse al aumento de las necesidades", sentencia el informe. Un 32,1% del alumnado tiene necesidades socioeconómicas, un 36,5% se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, un 35,4% procede de la inmigración y el alumnado extranjero representa el 19% (un 38% más que hace diez años). El alumnado con necesidades educativas por razones de vulnerabilidad socioeconómica (NESE B) ha pasado de 155.726 a 304.736 en infantil, primaria y ESO, hasta llegar al 32,1% del total de este alumnado. En conjunto, en el año 2025, había 349.097 alumnos con necesidades educativas específicas, un 130% más que en 2020 (y cuatro veces más de lo que ha crecido el presupuesto en este tiempo). Si bien Equitat admite que el incremento va asociado a las políticas activas de detección.
El informe de la antigua Bofill concluye que esta situación de crisis corresponde a una financiación "insuficiente" e "ineficiente". En este sentido, señala un clásico: en 2024 la inversión en educación representaba un 3,8% del PIB catalán, lejos del 4,5% estatal y del 6% que establece la Llei d'Educació de Catalunya. Si bien el presupuesto del Departament d'Educació ha crecido un 33% en cinco años y llegó a los 7.926 millones de euros en 2025, se destinan unos 6.756 euros por estudiante, muy por detrás de los 9.900 del País Vasco o de los 7.600 de Castilla y León.
Además de estar poco financiado, el sistema educativo también es ineficiente, según el Anuario. "La distribución de recursos en los centros prioriza el número de alumnado, no sus circunstancias. Esto provoca que no se invierta lo suficiente en aquellos centros y contextos donde se concentra más necesidad de apoyo y que más se deberían beneficiar para que los incrementos de gasto tengan el impacto esperado y contribuyan a mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos", apunta.
"Las huelgas no son ruido al margen del diagnóstico: son un síntoma"
"Las huelgas no son ruido al margen del diagnóstico: son un síntoma", apunta Francesc Pedró, codirector del Anuario 2026. "Lo que el profesorado reclama, más inversión, ratios más bajas, menos burocracia y más apoyo para atender la diversidad, es exactamente lo que los datos muestran que falta". El actual malestar docente, señala, se explica también en buena parte por la presión creciente que sufren los docentes y profesionales, que no disponen —sostiene— ni de la inversión, ni de la estructura, ni de los recursos educativos necesarios para desarrollar su tarea.
Pedró ha asegurado que sin dar respuesta a las desigualdades no se conseguirá una mejora de los resultados educativos. Por ello, el Anuario plantea la necesidad de incrementar los recursos, pero de hacerlo de manera más intensiva en los centros más complejos y llegando a los alumnos más vulnerables. De hecho, al ser preguntado sobre los acuerdos alcanzados entre Educación y algunos sindicatos, Peiró ha planteado que esta propuesta de recursos se hace siguiendo la misma fórmula que se ha utilizado hasta ahora y ha insistido en que ellos defienden "hacer las cosas de manera diferente".
Una financiación "ineficiente": el dinero, para donde hay necesidad
En primer lugar, y como ya han hecho otras veces, piden una financiación por fórmula, de tal manera que reciban más recursos los centros de mayor complejidad. Aparte, sin embargo, proponen ampliar las mochilas económicas para el alumnado con necesidades socioeconómicas (NESE B) que permita dar a los alumnos que las reciben 2 o 3 horas semanales de acompañamiento y orientación en grupos reducidos a cargo de profesionales de atención educativa.
Otra medida es doblar el número de dotaciones docentes adicionales por complejidad en primaria, incorporar 1.060 educadores e integradores fijos, establecer un máximo de cuatro alumnos con necesidades especiales por cada profesional especializado y garantizar que todos los centros de complejidad alta o muy alta tengan plan educativo de entorno. Sobre la complejidad, también plantea la necesidad de revisar el actual sistema de clasificación de categorías de complejidad de los centros educativos y definir un índice continuo de vulnerabilidad homologado.
Por otro lado, también propone incrementar la asignación de profesionales de apoyo social, del número de profesionales de educación inclusiva, intensificar el apoyo de la inspección educativa en los centros de complejidad más alta e incrementar el apoyo administrativo en los centros de alta y muy alta complejidad. También apunta la necesidad de tener una política propia de becas en la secundaria postobligatoria con suficiencia de importes y cobertura de necesidades.